“El contrabando de importación no se resume al ingreso ilegal de mercancías al país, al tratarse de una actividad que, literalmente, invade el mercado interno, perjudica a los productores, importadores y comerciantes formales, destruye empleos, no tributa impuestos al Estado -privándole de recursos para inversión y gasto en salud, educación y seguridad- además que promueve una cultura de evasión y corrupción, mucho más, cuando se trata de productos falsificados que engañan a los consumidores al suplantar marcas de prestigio y ponen en riesgo la salud y la seguridad de las personas. Combatir el contrabando es defender la economía, el empleo, la salud, la dignidad y el futuro de Bolivia”, afirmó el Gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, al presentar en conferencia de prensa los resultados de un sondeo sobre contrabando en Bolivia, a tiempo de anunciar un segundo sondeo sobre falsificación, enriqueciendo así un estudio que el IBCE está encarando sobre estas dos problemáticas que afectan al país, a ser presentado en noviembre.
ALARMANTES NÚMEROS Y BAJA CONCIENCIA DEL DELITO
El primer sondeo de percepción ciudadana realizado por el IBCE, entre el 17 y el 30 de septiembre de 2026, con cerca de 1.100 respuestas, en el marco de un estudio que encara la institución sobre el contrabando y falsificación en Bolivia, a ser presentado en noviembre, reveló algo alarmante: un 53% de los encuestados dice que el contrabando está descontrolado en el país, mientras que un 40% lo califica como alto, de tal suerte que el 93% de los ciudadanos da cuenta de la gravedad de este delito y un 91% ratifica que la presencia de contrabando en mercados y ferias se ha incrementado. Entre los bienes asociados al contrabando están: ropa, confecciones y calzados, con un 69%; alimentos y abarrotes, con 65%; electrodomésticos y celulares (56%); detergentes y productos de limpieza (55%); bebidas (49%); medicamentos e insumos de salud (35%); y, muebles (18%).
“Que un 93% diga que la informalidad y el contrabando constituyen un problema estructural grave; que el 83% reconozca que esto perjudica a Bolivia, y, sensiblemente -un 67% compre de contrabando a sabiendas; un 51%, ocasional o frecuentemente, y, un 49% lo haga rara vez- que el 90% diga que compra lo contrabandeado por ser más barato y que el 88% no esté en conocimiento si es o no de contrabando, es grave, pues esta actitud avala lo ilegal. Un 83% está consciente que el contrabando daña a las empresas formales, provoca la pérdida de empleos y que evadir impuestos baja la capacidad del Estado para atender necesidades de la población; si bien, 7 de cada 10 aceptan que comprar de contrabando es ilegal, igual lo hacen, tal vez, por la precarización de los ingresos. Tal sinceramiento es algo que se debe considerar con urgencia al momento de encarar nuevas políticas públicas”, dijo Rodríguez.
CONTRABANDO: “LO BARATO CUESTA CARO”
“El contrabando es una expresión perversa de la ilegalidad, es un delito porque está al margen de la Ley, ya que, además de evadir tributos y obligaciones de registro ante el Estado y de perjudicar a las empresas formales, provoca muchos daños, en especial, si se trata de medicamentos, alimentos, bebidas, cosméticos, detergentes, repuestos automotrices y productos eléctricos, pudiendo poner en riesgo la salud, la seguridad y la vida, ya que lo barato cuesta caro”, dijo el Gerente General del IBCE.
Alertó que el contrabando de productos destruye empleos, desalienta la inversión, castiga la innovación y genera una competencia feroz en contra de los productores, importadores y comerciantes legales, a partir de redes organizadas de comercio ilícito que compiten ilegal y deslealmente. “En esta problemática se da, además, un problema moral y cultural: el decidir comprar de contrabando por un precio bajo, ignorando la calidad, implica decidir, también, por la pérdida de empresas y empleos formales, de ahí que, el apoyar lo ilegal y delictivo, no ayuda a sacar a un país, adelante”, lamentó.
ESTUDIO SOBRE CONTRABANDO Y FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS
La investigación del IBCE a ser presentada el próximo mes de noviembre partirá de un diagnóstico de situación del contrabando y la falsificación en Bolivia, y propondrá acciones de corto, mediano y largo plazo, para revertir el problema y generar la oportunidad de equilibrar la balanza de responsabilidades entre el ciudadano y el Estado. “El nuevo ciclo político que vivimos debe implicar también un nuevo ciclo económico a partir de restaurar principios y valores que lleven a las autoridades y ciudadanos a hacer mejor las cosas. El Estado debe garantizar la legalidad para que las empresas puedan arriesgar, invertir, innovar, comerciar y generar trabajos dignos, a partir de productos seguros; y, a los ciudadanos, nos toca asumir una actitud de compra responsable, de lo legal, con pleno respeto a la ley”, concluyó.
