El pez muere por la boca

Hernán Terrazas es periodista.

Uno de los principales problemas de las autoridades es la tentación de los micrófonos. Por alguna razón, las cámaras ejercen un poder casi hipnótico sobre los recién juramentados funcionarios e incluso algo más sobre los que ya llevan un tiempo en sus cargos.

Es como si el ejercicio de la función pública se midiera en palabras y no en hechos, como si la imagen de una persona o de un gobierno estuviera relacionada con el número de veces que aparece en la portada de un diario, la grilla de un noticiero o en el incierto terreno de las redes sociales.

Lo grave es que las palabras suelen convertirse en trampas, en caminos sin retorno o en destinos marcados por las dudas.

Eso fue lo que le pasó, por ejemplo, al flamante fiscal general del Estado, José Armando Urioste, un profesional del que se habla muy bien y que llegó al cargo en medio de una expectativa pública inusual, luego de que se revelara que su antecesor había sido nada menos que el protector y cómplice del crimen organizado en Bolivia durante largos años.

Urioste fue el factor sorpresa en la larga madrugada de debates infructuosos y votaciones insuficientes que condujeron a su elección de consenso y de última hora. El nuevo fiscal pasó de una relativamente anónima presencia periférica en el ámbito judicial al protagonismo pleno en el escenario de las definiciones políticas.

El responsable de hacer las preguntas –esa es, en cierto modo, la función de un fiscal– se convirtió en el personaje de las respuestas. Urioste recorrió todos los medios, apareció en todas partes, declaró a diestra y siniestra, prometió donde pudo y, cuando todo hacía suponer que su debut era uno de los más auspiciosos de la historia democrática reciente, llegó CNN y el mito comenzó a desvanecerse.

Y es que a veces basta una respuesta no meditada lo suficiente o la habilidad del que formula las preguntas para que se produzca el primer tropiezo. “¿Cómo llegó su nombre a la Asamblea Legislativa Plurinacional?”, preguntó el periodista Fernando del Rincón. Urioste admitió que, antes de la elección, “un amigo empresario” –a quien había representado anteriormente como abogado– le pidió su hoja de vida y él se la envió.

Luego se supo que fue el presidente Rodrigo Paz quien propuso su nombre cuando parecía que no iba a haber acuerdo en la Asamblea. Es decir, que Urioste no había caído del cielo, con la independencia “angelical” propia de un personaje que surge prácticamente de la nada, sino que venía con auspicios empresariales y, de alguna manera, padrinazgos del más alto nivel: era un “mortal” como cualquier otro.

¿Quién era el empresario que llamó a Urioste? ¿Sería un empresario cercano a Rodrigo Paz? ¿Qué interés tenía este personaje? ¿Se sabía de antemano que las votaciones no iban a llevar a buen puerto y se tenía ya el as bajo la manga? La respuesta de Urioste dejó muchas preguntas.

Obviamente, no es lo mejor comenzar dando explicaciones ni tener encima la presión que convierta la necesidad de demostrar independencia en una obsesión que puede llevar también a decisiones no del todo ecuánimes, pero eso pasa cuando se declara más de lo necesario, cuando el pez muere por la boca.

Pero no es el único caso. Unos días después, una nueva autoridad, el viceministro de Gobierno, Peter Maldonado, cayó en la misma trampa o cedió a la misma tentación. En su afán de demostrar diferencia, firmeza y conocimiento, dijo que el exfiscal Roger Mariaca tenía “bancada” en las cámaras de Senadores y Diputados, una acusación, por donde se la vea, temeraria, sobre todo cuando viene de un funcionario que debería presentar denuncias acompañadas de pruebas.

Cuando se afirma algo así –que hay parlamentarios mafiosos–, si no se los identifica, entonces cualquiera puede estar bajo sospecha. Ese es el lío en el que Maldonado metió a su ministro y, en general, al gobierno por hablar más de lo estrictamente necesario. Pero la ambición de ganar un titular puede más que la sensatez o la discreción inteligente.

La prudencia no suele ser la mejor carta de las autoridades. No se pide que hagan voto de silencio, sino que digan lo necesario y relevante, y que, cuando señalen o responsabilicen a alguien de algo, lo hagan con nombre y apellido, para que la insinuación no entrañe más peligros que la verdad y la sospecha no adelante culpabilidad.