El Proyecto de Ley 073/2025-2026 podría desalentar las denuncias de violencia y generar nuevas barreras para acceder a la justicia, especialmente en casos de violencia contra las mujeres, violencia sexual y delitos contra niñas, niños y adolescentes.
Así lo advierten las organizaciones defensoras de derechos humanos articuladas en la Alerta 348, que identificaron aspectos preocupantes en esta propuesta legislativa, referida a la protección contra denuncias o acusaciones falsas e instrumentalización de la justicia.
Entre sus principales observaciones está la creación de un régimen penal especial con sanciones más altas cuando la supuesta denuncia falsa esté relacionada con violencia de género, delitos sexuales o hechos que involucren a niñas, niños y adolescentes. Las organizaciones consideran que esto podría generar temor a denunciar. También observan que se podría iniciar un proceso por “denuncia falsa” antes de que termine el proceso principal.
Esto permitiría abrir un segundo proceso mientras todavía no se ha resuelto el caso original y podría generar presión o contradenuncias contra quien denunció. Otro aspecto de preocupación son las reglas especiales sobre las pruebas que establece el proyecto, entre ellas las referidas a informes clínicos o terapéuticos y pruebas digitales.
Las organizaciones advierten que estas disposiciones podrían dejar fuera información importante para esclarecer los hechos, pese a que corresponde a la autoridad judicial determinar su pertinencia y valor.
A esto se suma que el proyecto plantea responsabilidades para abogados, psicólogos y trabajadores sociales que acompañan estos procesos, lo que podría generar inseguridad entre quienes brindan este tipo de apoyo, prefiriendo no intervenir en casos de violencia.
Las organizaciones señalan, además, que ninguna de las seis instancias estatales consultadas durante el trámite legislativo (Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Coordinación Política y Legislativa; Ministerio de Gobierno; Tribunal Supremo de Justicia; Fiscalía General del Estado y Procuraduría General del Estado), recomendó aprobar el proyecto sin modificaciones. Entre las observaciones institucionales se planteó incluso eliminar 11 de sus 17 artículos y realizar una revisión técnica integral.
La Alerta 348 –compuesta por cerca de 200 organizaciones, redes, plataformas y colectivos defensores de derechos de todo el país– plantea que la protección frente a las denuncias falsas y el acceso efectivo a la justicia no son objetivos incompatibles, pero considera necesario que cualquier reforma se sustente en evidencia, respete el debido proceso y mantenga las garantías que permiten a las víctimas denunciar sin temor.
