La Consulta Popular Nacional por la Vida, realizada entre el 7 y el 16 de octubre de 2024, movilizó a 32.375 personas en los nueve departamentos de Bolivia, con una participación del 63% de mujeres lideresas que fueron parte de este proceso consultivo en conferencia de prensa este jueves 14 de noviembre en La Paz.
“Este proceso ciudadano nació como respuesta a los incendios, la deforestación y el ecocidio que han arrasado el país. Queremos mostrar lo que la población está pensando de esta situación porque se han quemado más de 10 millones de hectáreas”, dijo Andrea Vargas, activista medioambiental parte del equipo que trabajó en la consulta popular.
Los resultados de este mecanismo consultivo – realizado de manera virtual y por votos en ánforas- evidencian un fuerte mandato de la población boliviana para frenar la devastación ambiental y garantizar el respeto a los derechos de la Madre Tierra y de las comunidades indígenas.
“Vamos a convocar a una marcha nacional porque resultado de esta consulta vamos a exigir que se abrogen las leyes incendiarias, que se reviertan las tierras quemadas como áreas que no se deben ocupar en al menos 15 años y pedimos que las nuevas propuestas de ley haya participación de las organizaciones sociales que viven en estos territorios”, señaló Guadalupe Sermenio, otra de las voceras.
La consulta sobre este punto tiene un 85% de apoyo. Los participantes exigen que estas tierras, especialmente en propiedades medianas y empresariales que incumplen la Función Económica Social (FES), sean declaradas tierras fiscales no disponibles hasta su recuperación. Los ciudadanos han advertido que, de no cumplirse esta exigencia, se procederá a exigir a las autoridades de la ABT y el INRA por incumplimiento de deberes.
Entre los puntos clave de la consulta popular se destaca que el 94% de los votantes exige la abrogación de leyes y decretos que facilitan los incendios y la deforestación en Bolivia. Los ciudadanos también han manifestado la necesidad de implementar una «pausa ecológica» que asegure la restauración de las áreas afectadas por quemas ilegales, con el mismo 94% de respaldo.
Una de las dirigentes de la región, Clara Masai, detalló el peligro al que ahora se enfrentan los pueblos indígenas de tierras bajas tras los incendios como la falta de soberanía alimentaria. “No tenemos qué comer, todo se ha quemado. Hay mucho desastre luego del fuego y nadie viene a arreglar eso. Queman y son impunes”, expresó durante la conferencia.
Con un respaldo del 91% en esta consulta popular, se resolvió apoyar la agroecología, la agroforestería y el ecoturismo como opciones viables y exigen que se garantice el derecho de los municipios a declararse libres de minería, transgénicos y otras prácticas extractivas que impactan en los ecosistemas. Asimismo, la población rechaza la autorización de nuevos eventos transgénicos y agrotóxicos peligrosos que amenazan la salud y la biodiversidad en Bolivia.
Por último, el 90% de los ciudadanos consultados exige que el presupuesto del sector ambiental sea incrementado al 10% del Presupuesto General del Estado para 2025, lo que permitiría una respuesta adecuada a la crisis ambiental, la recuperación de bosques y la protección de áreas. protegidas y comunidades afectadas.
En caso de que estas demandas no sean atendidas, los organizadores de la consulta (organizaciones, instituciones, colectivos, movimientos, plataformas y personas autoconvocadas) han anunciado la creación de un Tribunal Popular para responsabilizar a las autoridades que bloqueen las medidas necesarias para proteger el medio ambiente.
