“La trata de personas es una de las formas más graves que atentan y vulneran derechos esenciales de todo ser humano. Afecta la dignidad de las personas, la libertad, la integridad, sobre todo de sectores vulnerables”, fue una de las premisas que expuso Yamil García, viceministro del rubro; en ese sentido, afirmó, que esta problemática no debe tener “ningún tipo de color político o ideología”, sino ser asumida como un desafío común.
La autoridad explicó, durante el lanzamiento del diplomado virtual “Prevención, Protección y Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas” que la trata de personas debe ser enfrentada como una problemática de derechos humanos y no desde lógicas políticas o ideológicas. Sostuvo también que este delito constituye una de las formas más graves de vulneración de derechos, porque afecta la dignidad, la libertad y la integridad de las personas, principalmente de sectores en situación de vulnerabilidad.
García también remarcó la necesidad de asumir un enfoque centrado en la víctima, para evitar procesos de revictimización durante la atención institucional o la investigación penal. “La víctima no debe ser un objeto, un medio de prueba; la víctima es el sujeto principal del trabajo de todas las instituciones”.
La autoridad gubernamental advirtió que niñas, niños y adolescentes están entre los grupos más afectados por este delito, vinculado además con el crimen organizado transnacional y con modalidades que se actualizan de forma permanente, por lo que las respuestas no corresponden únicamente al Gobierno central sino al Estado en su conjunto en los diferentes niveles de autoridad, afirmó.
El diplomado fue impulsado por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) de España, el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP).
La formación busca fortalecer capacidades técnicas para la prevención, protección y asistencia integral a víctimas de trata de personas, desde un enfoque de derechos humanos, justicia y responsabilidad institucional.
