Sergio Bastian Giesse Rougcher es parlamentario supraestatal de la Alianza Unidad.
Bolivia atraviesa uno de los episodios de conflictividad social más profundos de los últimos años. Más de 50 días de protestas, bloqueos, enfrentamientos, muertes y paralización económica dejaron un saldo humano, institucional y económico que excede cualquier disputa política coyuntural.
Según reportes recientes, la crisis dejó al menos 16 fallecidos, cientos de personas investigadas y un impacto directo sobre el abastecimiento, la producción y la estabilidad nacional.
Más allá del debate político sobre quién tenía razón en el origen del conflicto, aparece una pregunta central: ¿quién debe hacerse cargo de las pérdidas y de las consecuencias de estos 53 días?
Desde una perspectiva institucional y democrática, la responsabilidad no puede ser automática ni colectiva. Debe distinguirse entre responsabilidad política, responsabilidad civil y responsabilidad penal.
La primera corresponde a quienes ejercen conducción pública. Todo gobierno tiene el deber constitucional de preservar el orden público, garantizar derechos y generar canales efectivos de diálogo antes de que una crisis escale. Cuando un conflicto se prolonga durante semanas y deriva en desabastecimiento, afectación económica y pérdida de vidas, existe una obligación política de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
La segunda dimensión es la responsabilidad civil y patrimonial. Si existieron daños a infraestructura pública o privada, interrupciones ilegales de actividades económicas o perjuicios demostrables, corresponde activar mecanismos legales para identificar responsables y eventualmente exigir reparación económica conforme al debido proceso.
Finalmente está la responsabilidad penal, que debe ser individual y nunca basada en afiliaciones políticas o sectoriales. Si hubo hechos delictivos —violencia, destrucción de bienes, ataques a servicios esenciales o acciones fuera del marco legal— corresponde investigar, judicializar y sancionar respetando garantías constitucionales. La Fiscalía informó investigaciones sobre cientos de personas vinculadas a hechos ocurridos durante las movilizaciones.
También debe evitarse el otro extremo: que la búsqueda de responsabilidades se convierta en persecución política. La lucha contra la impunidad exige pruebas, debido proceso y transparencia.
En el plano económico, distintos sectores productivos alertaron que las pérdidas acumuladas ya alcanzaban cientos de millones de dólares incluso antes de cumplirse el total del conflicto, afectando exportaciones, empleo, comercio y liquidez empresarial.
Por eso, después de 53 días, el debate ya no debería limitarse a ver qué sector gano, porque el que perdió fue el pueblo boliviano.
El desafío real es que Bolivia construya una salida basada en tres pilares: verdad sobre lo ocurrido, responsabilidades individualizadas y reparación institucional y económica. Sin justicia hay impunidad; pero sin garantías legales tampoco hay Estado de derecho.
* La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición de Noticias a Sol y Sombra.
