Este 6 de agosto de 2026 Bolivia cumple 201 años de vida republicana. Y aquello que debiera celebrarse, contrasta y duele. Contrasta porque los resabios del bicentenario encuentran a un país donde en lugar de trabajar, se decreta un feriado largo, cuando ni siquiera hay combustible seguro para salir de viaje. Porque el turismo, la cultura, el folklore y la gastronomía han quedado reducidos a una Agencia Nacional. Y duele, porque el medio ambiente ahora está totalmente subordinado al ministerio de Desarrollo Productivo cuyo titular —Óscar Mario Justiniano— es uno de los mayores agroempresarios del país.
Hubo un tiempo, no tan lejano, en que los discursos políticos auguraban este momento. En campaña electoral, el actual presidente, Rodrigo Paz, adelantó su intensión de “formalizar” a las cooperativas mineras. Lo que pasó en días previos, con una Cumbre hecha a la medida de los mineros, apunta a que todo irá en ese rumbo: sobreexplotación de recursos naturales por encima de cualquier otro derecho.
Los primeros nueve meses de la gestión de Paz terminaron por retirar cualquier atisbo de cambio hacia una Bolivia mejor, la noche del 3 de agosto, cuando el mandatario firmó el decreto que redujo su gabinete a 12 carteras. Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía se convirtió en una simple agencia pública; Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente quedó completamente anulado. Hoy conmemoramos 201 años con un gobierno para el que la cultura, el ambiente y el turismo nunca fueron una prioridad real, sino apenas un capítulo en la formación de un gabinete que se armó y desarmó a conveniencia. El aniversario patrio llega, así, cargado de una frustración acumulada: se celebra la soberanía de una nación cuyo propio gobierno ha decidido que su territorio, su gente y su memoria no merecen ni siquiera un ministerio.
La supresión del Ministerio de Culturas y del Ministerio de Medio Ambiente, que ya estaba bajo el ala de Planificación del Desarrollo, no es un simple ajuste administrativo: es la declaración de que ambos temas dejaron de ser prioridad de Estado. Como advierte José Carlos Solón en su reciente reflexión para la Fundación Solón , reducir cultura a un espectáculo de bailes, trajes típicos y gastronomía para exportación es uno de los errores más graves que puede cometer un gobierno. La cultura —sostiene— es un pilar transversal del desarrollo, un espacio de deliberación y organización comunitaria, y la primera línea de memoria y resistencia social en tiempos de crisis. “Es, ni más ni menos, el lugar donde una sociedad procesa sus traumas y encuentra las razones para seguir adelante”.
Algo similar ocurre con el turismo, la tercera pata de este mismo desdén. Convertir el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía en una Agencia Nacional se presenta como una modernización. Pero un sector que depende de la conservación de la naturaleza, del patrimonio cultural vivo y de una promoción país sostenida en el tiempo, no gana nada al perder representación en el gabinete: gana, eso sí, menos capacidad de incidir en las decisiones que afectan directamente su viabilidad, empezando por las que se toman en materia ambiental y de ordenamiento territorial. Turismo, cultura y medio ambiente no son compartimentos aislados: son las tres caras de un mismo proyecto de país, y las tres fueron minimizadas en una noche.
Al otro extremo del tablero institucional, la crisis ambiental no espera turnos ni recesos de gabinete. Bolivia enfrenta simultáneamente la amenaza de un nuevo episodio del fenómeno de El Niño, que los expertos han llamado “Súper”, por la ferocidad que se espera para este 2026 y 2027.
En este aniversario patrio, la poca esperanza que queda está en instancias como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), cuyos guardaparques se han convertido en escudos frente a mafias de traficantes, minería ilegal, sobreexplotación de caza y pesca, e incluso gente peligrosa ligada al narcotráfico, que se ha introducido en estos territorios en reserva.
Hoy Bolivia despierta con menos ministerios, menos institucionalidad y menos herramientas para enfrentar tanto la emergencia climática como la defensa de su identidad plural. El gobierno lo llama austeridad; aunque en realidad es un despojo. Como advierte Solón, sin culturas no pierde solo el Gobierno de turno, perdemos todos. Y sin una autoridad ambiental con peso político real, lo que se pierde no son solo hectáreas de bosque, sino la capacidad misma del Estado de decidir qué país quiere ser. Ese es, en el fondo, el regalo con el que país celebra 201 años de vida independiente.
