Elizabeth Salguero es comunicadora social
Bolivia vive una sucesión de escándalos que hace apenas unos años habría provocado una profunda crisis política. Hoy, en cambio, parecen durar apenas unos días antes de ser reemplazados por otro episodio igual o más grave. La indignación colectiva se ha vuelto efímera y la capacidad de asombro se está agotando.
Denuncias de corrupción, presuntos conflictos de interés, operaciones de desinformación en redes sociales, acusaciones que alcanzan al entorno del poder, el caso de las denominadas «maletas con oro», investigaciones judiciales que involucran a operadores políticos y una economía cada vez más golpeada forman parte de una misma secuencia que mantiene al país en un estado permanente de sobresalto.
Algunas de estas denuncias siguen bajo investigación y deberán ser esclarecidas por la justicia; otras han puesto en evidencia problemas estructurales que trascienden a un gobierno en particular.
El riesgo no es únicamente que existan escándalos. Ninguna democracia está exenta de ellos. Lo verdaderamente preocupante es que la sociedad comience a convivir con la corrupción, la opacidad y el abuso de poder como si fueran parte natural del paisaje político.
Cuando eso ocurre, la democracia empieza a deteriorarse de manera silenciosa. La historia demuestra que las democracias no suelen derrumbarse de un día para otro. Se erosionan lentamente, cuando las instituciones dejan de responder con eficacia, cuando la ciudadanía pierde la confianza en ellas y cuando la indignación es sustituida por el cinismo.
En Bolivia parece instalarse una peligrosa resignación. Cada nuevo escándalo desplaza al anterior antes de que la ciudadanía conozca la verdad. La agenda pública se mueve al ritmo de las redes sociales y de las estrategias comunicacionales. Lo urgente reemplaza a lo importante. El debate deja de concentrarse en las soluciones para centrarse en el espectáculo.
Mientras tanto, los problemas estructurales permanecen. La minería ilegal continúa expandiéndose sobre territorios indígenas y áreas protegidas. El uso indiscriminado de mercurio sigue contaminando ríos y afectando la salud de miles de personas.
La economía enfrenta dificultades que golpean el bolsillo de las familias. La institucionalidad pierde credibilidad y la polarización política ocupa el espacio que debería destinarse a discutir políticas públicas.
Paradójicamente, cuanto mayor es la crisis, menor parece ser nuestra capacidad de exigir respuestas. La sobreexposición al escándalo genera un efecto de anestesia democrática. La ciudadanía comienza a asumir que la corrupción es inevitable, que el tráfico de influencias siempre existirá o que la manipulación de la información forma parte del juego político.
Ese es el momento más peligroso para cualquier democracia. Porque el problema deja de ser únicamente el comportamiento de quienes ejercen el poder. También pasa a ser la renuncia de la sociedad a exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto por las instituciones.
La democracia no se debilita solamente cuando una o un funcionario comete un acto de corrupción o cuando una denuncia permanece impune.
También se debilita cuando las y los ciudadanos dejan de creer que vale la pena pedir explicaciones.
En este contexto, los medios de comunicación cumplen una responsabilidad decisiva. Su función no es amplificar narrativas diseñadas para favorecer o perjudicar a determinados actores políticos, sino investigar, verificar y ofrecer información rigurosa.
De igual manera, la justicia debe actuar con independencia, sin presiones del poder político, económico o mediático. La verdad no puede depender de quién tiene más influencia en las redes sociales ni de quién logra imponer primero una etiqueta o un relato.
Bolivia necesita recuperar la capacidad de indignarse, pero también la capacidad de exigir instituciones fuertes. No basta con que aparezcan nuevos escándalos; es imprescindible que existan investigaciones independientes, sanciones cuando correspondan y mecanismos eficaces de prevención.
La pregunta que deberíamos hacernos no es quién protagonizará el próximo escándalo, sino cuánto daño estamos dispuestos y dispuestas a tolerar antes de comprender que la mayor amenaza no es un caso específico, sino la normalización de una cultura política donde la opacidad reemplaza a la transparencia, el espectáculo desplaza a la rendición de cuentas y la desinformación compite con los hechos.
Cuando una sociedad deja de sorprenderse frente a la corrupción, la impunidad o el abuso de poder, el problema ya no pertenece únicamente a quienes gobiernan, pertenece a toda la democracia que empieza a deteriorarse de manera silenciosa.
