Escuchar música en Bolivia no es tan sencillo como parece. Cada vez que una canción suena en un matrimonio, una discoteca, la radio, un camión publicitario o incluso en espacios como peluquerías, consultorios médicos o bancos, se activa un sistema de cobro por derechos de autor administrado por la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (Sobodaycom).
El sistema contempla tarifas diferenciadas según el tipo de actividad, el tamaño del establecimiento y la forma de uso de la música, generando una recaudación que, según datos institucionales, alcanzó los Bs 7.168.658,13 en el ámbito nacional e internacional en su última gestión. Sin embargo, mientras la entidad reporta estos ingresos, varios artistas denuncian no haber recibido regalías por la utilización de sus obras.
En este contexto, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) inició dos auditorías a la institución. En medio de ese proceso, ABI tuvo acceso al tarifario oficial que maneja Sobodaycom, documento que detalla cómo se establecen los cobros, bajo qué criterios se aplican y cómo debería realizarse la distribución de los recursos.
El origen de los fondos
De acuerdo con el documento, las tarifas se establecen en función de la Unidad de Derecho de Autor (UDA), cuyo valor referencial es de Bs 110. El reglamento clasifica los cobros según la actividad económica, la superficie del local y el tipo de utilización musical.
En eventos sociales, la UDA se aplica como tarifa por jornada; en actividades comerciales, como pago mensual; y en medios de comunicación o conciertos, como porcentaje de ingresos o recaudación.
En celebraciones como matrimonios, bautizos, cumpleaños, aniversarios o graduaciones realizadas en salones públicos, el uso de música está sujeto a cobro.
De acuerdo con el tarifario, la reproducción musical con amplificación tiene un costo de 6 UDA (Bs 660). Si el evento incluye intérpretes o grupos nacionales, el monto asciende a 7 UDA (Bs 770), mientras que la contratación de artistas extranjeros o espectáculos mixtos puede llegar hasta 30 UDA (Bs 3.300) por jornada.
En eventos de mayor concurrencia o carácter especial, las tarifas pueden oscilar entre 14 y 30 UDA por día, según el tipo de espectáculo y las condiciones del recinto.
El “impuesto” silencioso al comercio diario
El uso de música ambiental también está sujeto a cobros mensuales en distintos rubros de la economía.
El tarifario muestra que las discotecas, karaokes, pubs y peñas pagan entre 3 y 44 UDA mensuales, dependiendo del tamaño del local y los días de funcionamiento. En su rango más alto, el pago puede alcanzar Bs 4.840.
Los restaurantes, cafés y pizzerías cancelan entre 4 y 10 UDA mensuales, monto que puede incrementarse hasta 12 UDA si incluyen presentaciones en vivo.
Los gimnasios, spas y centros deportivos pagan entre 1 y 10 UDA, según superficie y uso de música en sus actividades.
El sistema también contempla a peluquerías, salones de belleza, clínicas, consultorios médicos y farmacias, con pagos que oscilan entre 1 y 3 UDA mensuales. Supermercados, tiendas, galerías y centros comerciales cancelan entre 2 y 14 UDA, dependiendo de la actividad y el tamaño del establecimiento.
Actividades temporales como camiones publicitarios, ferias o circos también están incluidas en el tarifario, con montos variables según la duración o magnitud del evento.
En el sector hotelero, las tarifas se establecen de forma anual. Los hoteles de cinco estrellas pueden pagar hasta 70 UDA, mientras que los de menor categoría cancelan entre 46 y 64 UDA. Hostales y residenciales pagan entre 16 y 40 UDA, y los alojamientos básicos alrededor de 10 UDA.
Las entidades financieras, como bancos, cooperativas y mutuales, deben pagar hasta 4 UDA mensuales por agencia o sucursal por el uso de música ambiental.
¿A dónde va el dinero?
De acuerdo con la Ley 1322 de Derechos de Autor, los ingresos por recaudación deben distribuirse en un 70% para los autores y compositores de las obras utilizadas, mientras que el 30% restante puede ser retenido por la entidad administradora para gastos operativos.
En ese marco, el asesor legal de Sobodaycom, Charly Alborta, aseguró en entrevistas con distintos medios que la institución actúa dentro del marco legal vigente y que los reportes de recaudación y distribución son públicos.
“Si quieren tener conocimiento de si las regalías están siendo correctamente distribuidas o si se las adueñan, como están indicando los medios, pueden rápidamente revisar los datos en la página. Ahí está informado cuánto se ha recaudado por año y cuánto se ha distribuido. Lo que no se puede informar es a quién se le distribuye, ese dato no es público”, señaló.
Sobre la distribución de regalías por derechos de autor, Alborta, afirmó que la entidad no realiza pagos a artistas intérpretes, sino exclusivamente a autores y compositores de las obras musicales, conforme a las competencias de la institución.
Sostuvo que las críticas de algunos músicos responden a una confusión entre los derechos de autor y los derechos de los artistas intérpretes. «Sobodaycom no ha pagado a los artistas y no va a pagar a los artistas», señaló, al explicar que la entidad administra únicamente los derechos de autores y compositores.
Sobre las auditorías iniciadas por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), Alborta aseguró que la entidad es sometida a controles periódicos y expresó su predisposición a colaborar con las investigaciones. Asimismo, indicó que la distribución de las regalías se realiza con base en las planillas de repertorio presentadas por los organizadores de eventos, las cuales permiten identificar a los autores de las obras ejecutadas.
La “rebelión” de los creadores
Las denuncias de artistas han puesto en el centro del debate el funcionamiento del sistema de distribución.
El cantante Wally Zeballos señaló la existencia de observaciones técnicas en informes de intervención estatal desde 2024, que habrían advertido sobre el manejo de los gastos administrativos. Según dijo, estos habrían superado los límites establecidos, afectando la distribución de recursos a los autores.
“Durante todos estos años de gestión han superado el 30% permitido para sus gastos de administración. Es decir, de la parte que le toca recibir a los socios, han estado gastando para sostener a sus propios gastos administrativos”, afirmó.
Otro punto de cuestionamiento es la falta de un sistema tecnológico de monitoreo para identificar el uso de obras musicales en establecimientos del país. Según estas críticas, los ingresos por “música en soporte” se consolidarían en una bolsa común sin trazabilidad individual de reproducción. Los artistas sostienen que esta situación dificulta la distribución transparente de regalías.
La tensión regulatoria subió de tono tras la vigencia del reglamento de la Ley Municipal Autonómica 281/2022 “Matilde Casazola” en el municipio de Sucre, norma que exige a organizadores de eventos lucrativos, sonidistas y DJs tramitar autorizaciones previas ante Sobodaycom adjuntando listas detalladas del repertorio a reproducir.
Este hecho “gatilló” pronunciamientos de rechazo en el sector del entretenimiento y reactivó los reclamos de los compositores de mayor difusión en el mercado nacional
Luis Vega señaló que la entidad le cobró por la utilización de sus propias composiciones en un evento privado. “Me cobraron por poner mis propias canciones”, afirmó el artista. Agregó que, tras solicitar información sobre la distribución de sus regalías, recibió una respuesta institucional negativa. “Cuando pedí un desglose formal de mis regalías, me respondieron con una carta en la que se me negaba el pago y se me advertía que podría ser demandado si continuaba realizando reclamos en redes sociales”, sostuvo Vega.
Alejandro Delius, vocalista de Quirquiña, afirmó que no ha recibido regalías por sus composiciones en más de dos décadas.
Por su parte, Viko Paredes (Alcoholika) cuestionó la falta de transparencia en la administración de los recursos y respondió a las declaraciones del director departamental de Sobodaycom en Sucre, Vicente Vargas, quien afirmó que la agrupación Alcohólika no tendría obras propias.
En un video difundido en redes sociales, Paredes rechazó esa afirmación y aclaró que la banda cuenta con 94 canciones registradas, por lo que sostuvo que sus composiciones forman parte del repertorio administrado por la sociedad. Asimismo, afirmó que, como autor y compositor, tiene el derecho de exigir una rendición de cuentas sobre la gestión de la entidad.
El artista también anunció que hará públicas presuntas irregularidades detectadas en auditorías realizadas por el Senapi a Sobodaycom y cuestionó la permanencia de Vargas dentro de la institución durante casi dos décadas.
Además, exhortó a los usuarios que cancelan derechos de autor en Sucre a exigir la emisión de facturas y pidió que se realice una revisión de las cuentas y de la administración de la recaudación en esa regional, con el fin de transparentar el manejo de los recursos.
Por su parte, Daniel Gonzales, mejor conocido como “El Rigucho” relató el pago de Bs 2.000 por el uso de una parodia musical y planteó dudas sobre el destino de esos fondos.
Bonny Lovy, en tanto, sostuvo que el sistema cobra a emprendimientos y establecimientos, pero no existiría una devolución clara hacia los artistas.
Auditorías en curso
El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) inició dos procesos de auditoría a la entidad de gestión colectiva de derechos de autor.
La institución convocó a autores, compositores y herederos que consideren haber sido afectados a presentar denuncias formales para fortalecer las investigaciones.
El resultado de estas auditorías será clave para determinar el grado de cumplimiento de la normativa vigente y el funcionamiento del sistema de recaudación y distribución de regalías en el país.
Mientras tanto, el uso de música en Bolivia continúa generando cobros obligatorios en múltiples sectores, desde pequeños emprendimientos hasta grandes industrias del entretenimiento y los servicios.
El sistema de recaudación musical siempre está encendido, pero mientras las cajas registradoras no se traduzcan en cuentas claras para los creadores, la música en Bolivia seguirá sonando con un eco de descontento.
Publicado por ABI
