Con el objetivo de fortalecer la protección de las mujeres frente al acoso y la violencia política, este jueves comienza en Sucre el Primer Encuentro Territorial de Socialización de la Propuesta de Reforma de la Ley N.° 243. El proceso recogerá propuestas en los nueve departamentos para mejorar la atención de denuncias, el acceso a la justicia y la respuesta a las agresiones en entornos digitales, que la norma no contempla de manera expresa.
El proceso es impulsado por un Comité Técnico conformado por representantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos, el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (SEPMUD), la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales de Bolivia (AMADBOL), la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL), la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora de la Mujer, la Comunidad de Derechos Humanos, Oxfam, ActionAid, Fundación Internet Bolivia, Fundación Friedrich Ebert (FES), el Centro Europeo de Apoyo Electoral (CEAE), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Esta articulación comenzó en febrero de este año, a convocatoria de la diputada Daniela Cabrera, en un espacio que dio lugar a la conformación de esta alianza interinstitucional para impulsar la modificación de la Ley N.° 243.
Este primer encuentro abrirá las consultas territoriales, que se prevé desarrollar en los nueve departamentos hasta el 20 de noviembre. Mujeres autoridades, organizaciones e instituciones podrán aportar sus experiencias y propuestas para fortalecer la norma.
Barreras en la aplicación Promulgada el 28 de mayo de 2012, la Ley N.° 243 fue la primera norma específica de su tipo en América Latina y se convirtió en un referente regional. Su aprobación respondió a una demanda sostenida de las mujeres autoridades y las organizaciones de mujeres, que cobró mayor urgencia tras el asesinato de la concejala de Ancoraimes Juana Quispe.
Sin embargo, el reconocimiento legal no ha sido suficiente para garantizar una respuesta efectiva. Según información del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, elaborada con datos de la Defensoría del Pueblo de 2025, de 928 denuncias por acoso y violencia política registradas entre 2012 y 2025, ocho figuraban en la categoría de sentencia: menos del 1 %.
La violencia política puede expresarse en amenazas, hostigamiento, agresiones, impedimentos para ejercer funciones y presiones para abandonar el cargo. Sus efectos trascienden a las víctimas: restringen la representación política y debilitan la democracia. Entre mayo y la primera semana de septiembre de 2026, el TSE registró 12 denuncias formales por acoso y violencia política.
La Paz concentró seis; Santa Cruz, tres; y Oruro, Potosí y Tarija, una cada uno. En el mismo periodo se registraron 39 renuncias de mujeres que ejercían cargos públicos y municipales. Santa Cruz reportó 11 y Tarija, siete, las cifras más altas. A los obstáculos en la aplicación de la ley se suman las agresiones en redes sociales y otras plataformas digitales, una expresión de violencia política que la Ley N.° 243 no contempla de manera expresa. Su rápida propagación y alcance pueden amplificar las amenazas y los ataques sexistas contra mujeres candidatas y autoridades.
Las consultas permitirán analizar estos desafíos y recoger propuestas para fortalecer las rutas de atención, los mecanismos de protección y sanción, y la coordinación institucional. Aportes desde los territorios Los encuentros departamentales se complementarán con una consulta con el Órgano Judicial, liderada por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos.
Este espacio, previsto para el 4 de noviembre en Sucre, permitirá recoger aportes sobre la aplicación de la ley, las rutas de atención y los mecanismos de protección y sanción. También se coordina un encuentro con la Policía Boliviana. En el ámbito legislativo, la Vicepresidencia de la Cámara de Diputados/as promoverá la articulación con asambleístas nacionales para acompañar las consultas y construir respaldo para la posterior presentación y tratamiento de la propuesta.
La Coordinadora de la Mujer también prevé impulsar una consulta nacional con organizaciones de mujeres, organizaciones mixtas y LGBTIQ+, además de promover la participación de asambleístas departamentales, concejalas y alcaldesas.
Los aportes de estos espacios permitirán al equipo técnico fortalecer la propuesta. Se espera contar con una versión consolidada durante la cuarta semana de noviembre y acordar posteriormente la ruta para su presentación y tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
