El concejal Javier Escalier denunció que el alcalde Iván Arias recurre a “chicanas jurídicas” para impedir que sus autoridades concurran al Concejo Municipal de La Paz a rendir cuentas sobre las serias observaciones al sistema de parqueo tarifado que se aplica en seis zonas de la ciudad de La Paz.
“El parqueo tarifado fue impuesto sin socialización, sin estudios técnicos ni respaldo legal suficiente, y hasta hoy no se han aclarado los contratos con las empresas privadas que se están beneficiando con la recaudación. En lugar de transparentar, el alcalde ha optado por maniobras dilatorias para eludir la fiscalización”, señaló Escalier.
El Concejo Municipal aprobó la convocatoria a interpelación para que tres autoridades del ejecutivo edil respondan un pliego de 30 preguntas que abarcan aspectos legales, técnicos, económicos y sociales del sistema de estacionamientos.
Las interrogantes incluyen la legalidad de las concesiones, la distribución de ingresos entre el municipio y las empresas, la definición de tarifas, la responsabilidad por daños o robos en vehículos, y la razón por la cual se ignoró la Ley Municipal N° 498, que exige aprobación expresa del Concejo para concesiones de bienes públicos.
El legislador municipal recordó que, en el marco de la Ley Municipal Autonómica N° 499 de Fiscalización, la interpelación es un mecanismo legítimo y obligatorio. “La normativa es clara: las autoridades convocadas deben concurrir de manera personal, es indelegable e inexcusable. No hay excusa legal para que el alcalde y sus directores no comparezcan”, advirtió.
Se ha presentado un extenso pliego de 30 preguntas que abordan temas clave: la legalidad de las concesiones, la distribución de ingresos, la transparencia en los contratos, la definición de tarifas y el impacto en la ciudadanía.
“Necesitamos respuestas sobre por qué se redujeron carriles en vías importantes, cómo se definieron tarifas tan elevadas, qué porcentaje queda en manos de empresas privadas y, sobre todo, por qué se ignoró la Ley Municipal N° 498, que exige aprobación expresa del Concejo para concesiones de bienes públicos”, remarcó Escalier.
El concejal lamentó que, pese a la convocatoria formal a tres autoridades municipales —entre ellas el Director de Actividades Económicas, el Jefe de Promoción de Inversiones y la Directora de Asuntos Jurídicos—, la Alcaldía haya enviado notas evasivas en lugar de comparecer.
“La ciudadanía merece claridad. El alcalde no puede esconderse detrás de tecnicismos; debe dar la cara y responder si este sistema beneficia a La Paz o solo a un puñado de empresas privadas”, sostuvo.
Finalmente, Escalier anunció que insistirá en la interpelación y en la obligación del ejecutivo de transparentar el manejo del parqueo tarifado, subrayando que la fiscalización es un derecho del pueblo paceño y una atribución irrenunciable del Concejo Municipal.
