El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, ratificó este sábado, las denuncias que realizó tras inspeccionar el puente clandestino sobre el Río Parapetí, donde junto a un equipo técnico del ministerio se evidenció un daño al medioambiente e incumplimiento de deberes por parte de la Gobernación de Santa Cruz, que no realizó la debida fiscalización a la obra ni antes ni después de su construcción iniciada el 2020.
“La Gobernación (Santa Cruz) no ha realizado ninguna acción, lo vuelvo a ratificar y lo vuelvo a aclarar, y nosotros estamos diciendo claramente; los responsables son la gobernación cruceña por no haber realizado actos administrativos y técnicos, no solamente durante la construcción, sino ya después; no hay ni un solo técnico de la Gobernación o de la Secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación que esté haciendo un solo acto para reparar estos daños, a eso me refiero cuando en mis declaraciones he dicho: reparar el daño del medioambiente”, dijo.
Explicó que el daño medioambiental es al sitio “Ramsar”, que son lugares humedales protegidos por ser considerados cunas de diversidad biológica, es decir, son de los entornos más productivos del mundo y refugio de varias especies de flora y fauna.
Montaño reiteró que existe incumplimiento de deberes por parte de la Gobernación cruceña, porque violaron la Ley Forestal 1700, en su artículo 42 (delitos forestales), el artículo 105 de la Ley del Medio Ambiente que sanciona de 1 a 10 años de cárcel, la Constitución Política del Estado en sus artículos 33 y conexos.
Asimismo, señaló como los principales responsables a la Gobernación de Santa Cruz, al incumplir sus deberes respecto a la fiscalización y control, trabajo que está bajo tuición de esa entidad.
Precisó que el puente que fractura el Río Parapetí no tiene estudios hidrológicos ni topográficos, no cuenta con cálculo estructural ni con un cronograma de mantenimiento, por lo tanto, hay un daño al medio ambiente que debe reparar la gobernación de Santa Cruz.
Finalmente, la autoridad manifestó que los desmontes tuvieron lugar en la gestión del gobierno de Jeanine Áñez y eran de conocimiento de la Gobernación de Santa Cruz.
