Patricia Flores Palacios es experta en comunicación estratégica y feminista queer.
Voces en contra porque, para algunos, las vidas de niñas, niños y adolescentes son vidas devaluadas. Después de 20 años de impunidad, el proyecto de ley Brisa –que acata las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la vulneración sistemática de derechos de la adolescente Brisa de Angulo, quien peregrinó dos décadas exigiendo justicia para que ninguna niña, niño o adolescente repita su calvario– ha desatado corrientes de indignación, discursos de odio y hasta marchas de gremiales en El Alto e iglesias evangélicas, quienes expresan preocupación por el contenido de la normativa y anticipan que no permitirán su aprobación.
Hasta septiembre de 2025, el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana (Ministerio de Gobierno) registra 6.818 denuncias de delitos contra niñas, niños y adolescentes:
1.461 violaciones a menores de 13 años o menos; 628 (43 %) por familiares directos (sobrios en 1.048 casos, ebrios en 93).
5.782 víctimas niñas (85 % del total), devoradas por delitos sexuales: violación <13 años (94 %), estupro (98 %), abuso (93 %), acoso (99 %).
984 niños varones: violencia familiar (619), abuso sexual (95), violación (92).
¡Cifras que sangran! ¿Cuántas más para despertar?
Ante estos datos oficiales, resulta incomprensible la ola de discursos de odio contra el proyecto de ley Brisa y la Ley 348. No se permitirá que el estupro, es decir, la violación y los abusos sexuales sea sancionados como manda la ley; se prefiere seguir escondiéndolos dentro las cuatro paredes de los hogares, como un secreto pestilente que envenena generaciones.
Es extremadamente doloroso escuchar a nuevos servidores y servidoras públicas, ediles, departamentales o líderes gremiales anunciar que no permitirán que la ley Brisa prospere. Proponen reformas a la Ley 348 para que «inocentes no vayan a las cárceles», que ejercerán «fiscalización» para que los hombres no sean acusados falsamente y se «destruya la familia».
¿¡Qué familia!? Esa en cuyo interior se vulneran los derechos de la niñez y adolescencia, donde la violencia se naturaliza como herencia, perpetuando el ciclo de abusos contra las mujeres, incluidas niñas, niños y adolescentes.
En Bolivia, donde el INE nos registra más de 30 años como líderes vergonzosos en violencia intrafamiliar y feminicidios con crueldad extrema, con tasas que superan la media regional y miles de casos anuales que gritan impunidad, ¿aceptaremos que mujeres, jóvenes y niñas muertas, botadas en bolsas de basura como desechos repugnantes, sus vidas evaporadas en charcos de sangre e indiferencia, clamen en vano por no «destruir» esa familia ni acusar a los perpetradores?
¡Porque, claro, para algunos servidores públicos o influencers complacientes, la vida de las mujeres, la niñez y la adolescencia sumidas en la violencia son situaciones «perfectas»! Esa es la familia que defienden, ¡donde las vidas no valen nada!
Se quiere preservar el privilegio de la inhumanidad, la degeneración intrafamiliar que abusa de la niñez y adolescencia en la oscuridad y tibieza de lo que se supone es un hogar. Familias donde padres, tíos, hermanos, compadres e incluso abuelos –ebrios, violentos, con rasgos de violadores que el término «estupradores» deja corto– encubren sus crímenes.
Si como sociedad permitimos este atentado a los derechos humanos, ¿con qué osadía preservamos «valores familiares»? ¿Qué valores? ¿El socavamiento, el encubrimiento inmisericorde que cercena vidas, que convierte hogares en mataderos silenciosos?
Bajo discursos radicales emulados de contextos conservadores, donde emergen olas antiderechos que atacan las luchas por la no violencia, la ley Brisa se ha convertido en un dispositivo para amplificar discursos de odio, de machismo y misoginia, con desconocimiento del andamiaje normativo con el que cuenta el Estado boliviano y que ha sido fruto de las conquistas en derechos humanos, diseminando narrativas que atacan al feminismo, a los derechos de los colectivos LGBTIQ+ y también a las luchas antirracistas, calificándolos de «doctrinales» o «perjudiciales para los valores tradicionales».
El vocablo inglés woke, surgido como alerta contra el racismo en Estados Unidos –un llamado a «estar despierto» ante la injusticia sistémica–, ha mutado en insulto conservador: peyorativo contra la justicia social, el feminismo y la corrección política, tildados de imposición ideológica.Resonancias de Milei con su motosierra libertaria, Trump con su muro de odio, Bukele con su mano dura contra pandillas urbanas en El Salvador. Todo importado a Bolivia, donde 30 años de índices récord en violencia intrafamiliar y feminicidios, con crueldad extrema, claman por más sangre en lugar de justicia.
En medio de esta vergüenza nacional, con mujeres, jóvenes y niñas muertas, botadas como desechos, ¿se atreven a clamar por no «destruir la familia» ni acusar a los perpetradores?
¿Qué paradoja obscena defiende el «valor familiar» sobre vidas truncas y cadáveres silenciados? ¿Cuánta hipocresía cabe en preservar hogares-mataderos como santuarios intocables?
La ley Brisa (Proyecto N° 010), impulsada por la comunidad de derechos humanos, rompe cadenas:Incorporar la violación en lugar de estupro: alineada a estándares globales.
Violación incestuosa tipificada: autónoma para abusos familiares.Imprescriptibilidad: delitos contra menores no caducan jamás.Fin al estupro: todo abuso a menores es violación directa.
Justicia sin impunidad: ante tasas letales de violencia sexual.
Ojalá marcháramos por familias libres de violencia, sin violaciones en hogares, escuelas ni conventos. ¿Nos conmoveremos e indignaremos ante los cuerpos de mujeres metidos en bolsas de basura y casas convertidas en mataderos? Bolivia, elige: ¿brisa de justicia o tormenta de silencio?
