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martes, noviembre 3, 2026
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Ministerios responsables deben definir el destino de 20 empresas estatales deficitarias en 15 días

Los ministerios que tienen empresas públicas bajo su tuición tienen un plazo de 15 días hábiles para definir el destino de 20 compañías estatales que acumulan pérdidas por Bs 14.000 millones. Las alternativas contempladas son la reestructuración, liquidación o intervención, en función de los resultados del diagnóstico aprobado por unanimidad en el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP).

El director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, informó que, tras la aprobación del diagnóstico, corresponde ahora a las carteras de Estado competentes adoptar las decisiones respectivas y tramitar los instrumentos normativos necesarios, mediante decreto supremo o ley, según corresponda.

El plazo de 15 días hábiles está establecido en el Decreto Supremo 5727. Camacho aclaró que, por el momento, no es posible identificar qué empresas serán reestructuradas, liquidadas o intervenidas, debido a que se debe esperar el pronunciamiento de los ministerios responsables.

La autoridad también cuestionó el manejo de los recursos públicos durante anteriores administraciones y afirmó que se destinaron casi Bs 74.000 millones a empresas estatales, recursos que, a su juicio, pudieron invertirse en la construcción de escuelas, caminos y obras de saneamiento básico.

Asimismo, denunció que algunas de estas compañías fueron utilizadas como espacios de distribución de cargos para favorecer intereses particulares y estructuras sindicales, una práctica que, sostuvo, debe terminar para evitar mayores perjuicios económicos al país.

“Acá tenemos que aprender a priorizar: o intereses personales o Bolivia”, enfatizó.

Finalmente, Camacho destacó que el presidente Rodrigo Paz y el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, realizan un seguimiento directo al proceso de evaluación, y reiteró que las decisiones sobre el futuro de las 20 empresas estatales deberán adoptarse los procedimientos y plazos establecidos en la normativa vigente.