Patricia Flores Palacios es Mgs. en ciencias ciencias sociales y feminista queer
Hay imágenes que conmueven y otras que indignan. La reciente aparición de la primera Dama, Bibi Urquidi, sonriente y rodeada de niñas, niños y familias del pueblo Esse Ejja indigna. No por la entrega de donaciones, sino por la escenificación de la solidaridad y la tragedia humana, ambiental y cultural que amenaza la supervivencia de este pueblo amazónico.
Días antes se develaron audios atribuidos a conversaciones entre Urquidi y Fernando Cerimedo, vinculado al entorno presidencial, sobre asuntos relacionados con contrataciones y espacios de influencia estatal y no solo gubernamental; además de conversaciones atribuidas a Catalina Paz y Cerimedo.
Su autenticidad integral y las eventuales responsabilidades deben esclarecerse mediante investigaciones independientes, pero las preguntas que suscitan no pueden desaparecer bajo una campaña de beneficencia ante el aparente latrocinio gubernamental.
La propia figura de la Primera Dama arrastra un anacronismo patriarcal: un lugar de visibilidad pública derivado del matrimonio, no del voto ciudadano. Si desde esa condición se ejerce influencia sobre nombramientos, contratos o decisiones gubernamentales, corresponde esclarecer los hechos y establecer responsabilidades con pleno respeto al debido proceso. Las sospechas no son condenas, pero tampoco justifican la opacidad.
El Estado no es una extensión del hogar presidencial.
Lo inquietante es la persistencia de una cultura palaciega en la que se desdibujan las fronteras entre familia, gobierno y Estado. El parentesco no otorga competencias públicas; ninguna decisión sobre nombramientos, contratos o recursos públicos debería transitar por circuitos informales de influencia familiar, al margen de la legalidad, porque lo contrario es tráfico de influencias, corrupción o latrocinio.
En menos de 72 horas la comunicación oficial celebró a la Primera Dama, acompañada por un despliegue institucional que incluyó efectivos militares, entregando –juguetes, ropa, insumos y equipamiento tecnológico– como un gesto de solidaridad a una comunidad indígena de la Amazonia, para minimizar la indecencia y la indignación.
Desde la semiótica, la fotografía reproduce una gramática conocida: en el centro, la figura que entrega y encarna la supuesta generosidad; alrededor, las personas indígenas representadas como receptoras empequeñecidas y agradecidas. La sonrisa, el regalo y el abrazo construyen un relato de benevolencia inmaculada, que invisibiliza las desigualdades estructurales. Una vez más la colonialidad del poder patriarcal y el racismo.
La comunidad deja de ser sujeto político, con voz, territorio e historia, para convertirse en escenario de la «virtud de quien ostenta poder». Es la vieja beneficencia revestida de comunicación contemporánea. La presencia de la niñez refuerza la exigencia adicional de salvaguarda de sus derechos, porque se la instrumentaliza para legitimar al poder, representando a los pueblos indígenas como destinatarios de caridad y no como titulares de derechos.
La realidad de Eyiyoquibo desbarata cualquier relato complaciente. Los Esse Ejja, presentes en comunidades de La Paz, Beni y Pando, enfrentan la ignominia, la contaminación de sus ríos por mercurio asociado a la minería aurífera, junto a graves carencias de atención sanitaria, agua segura, electricidad y servicios esenciales.
La periodista Jimena Mercado ha advertido sobre sus devastadoras consecuencias, especialmente para mujeres, niñas y niños, y sobre las demandas comunitarias que no encuentran respuestas suficientes. La exposición al mercurio amenaza la salud, la alimentación, el desarrollo infantil y la continuidad de formas de vida estrechamente ligadas al río y al bosque.
No hablamos únicamente de pobreza. Hablamos de un pueblo cuya supervivencia cultural está amenazada por un extractivismo inmisericorde que concentra beneficios y descarga sus costos sobre comunidades históricamente postergadas. Cuando el mercurio ingresa en el agua y la cadena alimentaria, no contamina solamente un ecosistema, pone en riesgo cuerpos, memorias y generaciones. Es una violencia estructural que exige protección ambiental, sanitaria y de derechos colectivos, no una visita ceremonial.
¿De qué sirven, entonces, juguetes, prendas o algunos equipos? Ninguna donación descontamina un río; ninguna fotografía sonriente garantiza atención médica; ningún abrazo sustituye el acceso al agua potable. La caridad puede acompañar una emergencia, jamás reemplazar la obligación del Estado de prevenirla, atenderla y reparar sus consecuencias.
Los pueblos indígenas no son adornos retóricos, ni recursos gratuitos para la propaganda; su dignidad, privacidad e interés superior prevalecen sobre cualquier estrategia de posicionamiento institucional o burda propaganda, más aún en un país golpeado por dificultades económicas y energéticas, denuncias de corrupción, una justicia desacreditada, precariedad sanitaria y economías ilegales que prosperan a costa de territorios y vidas.
En ese contexto, cada despliegue oficial exige rendición de cuentas: cuánto costó esa propaganda, quién la autorizó, qué competencias lo respaldan y qué beneficio duradero dejó. La ciudadanía no debería financiar ceremonias de prestigio personal mientras necesidades fundamentales permanecen desatendidas.
Aquí se enfrentan dos concepciones del poder: una que administra la vulnerabilidad mediante gestos de beneficencia y otra que reconoce sujetos de derechos, escucha sus demandas y enfrenta las causas de su exclusión. La primera produce imágenes, la segunda debe producir resultados y justicia.
La ciudadanía merece transparencia sobre lo que ocurre en los salones palaciegos. El pueblo Esse Ejja merece vivir sin la amenaza del mercurio, con salud, agua segura y territorio protegido. Y la niñez indígena merece un futuro, no el papel de decorado emotivo y utilitario de la comunicación oficial.
La solidaridad puede fotografiarse, la justicia debe demostrarse. La dignidad de un pueblo no se mide por las migajas que entrega el poder, sino por los derechos que el Estado le garantiza.
