Patricia Flores Palacios es comunicadora, magíster en ciencias sociales y feminista queer.
El latrocinio estatal ha sido una de las maldiciones que atraviesa la historia de Bolivia. No se trata simplemente de robar dinero público, sino del saqueo sistemático de fondos, bienes y recursos que pertenecen a l@s bolivian@s y terminan administrados como patrimonio privado por quienes, temporalmente, ocupan el Estado.
Es una forma extrema de corrupción política que apela al poder para beneficiar a gobernantes, familiares, aliados, operadores o intereses particulares, desde el gobierno central, la justicia, hasta el municipio más pequeño.
En términos políticos, el concepto se aproxima a la cleptocracia –el gobierno de los ladrones– y que a lo largo de nuestra historia ha convertido el robo y el saqueo en una práctica recurrente, tolerada, protegida y finalmente normalizada.
El colega Mario Marañón recordaba que las prácticas del pasado están inevitablemente conectadas con el presente. Como ejemplo cercano, señalaba que durante la gestión de la entonces ministra de Comunicación Gisela López, el gobierno de Evo Morales adjudicó mediante contratación directa ocho contratos a la consultora mexicana Neurona Consulting por Bs 12.461 millones.
La irrupción del caso Fernando Cerimedo volvió a poner sobre la mesa esa continuidad: rápidamente aparecieron vínculos con altos operadores de Neurona y con un modelo de ejercicio del poder y gestión comunicacional sustentado, primero, en la propaganda electoral y, posteriormente, en la comunicación gubernamental.
Un modelo que recurre a prácticas como la manipulación informativa y la construcción artificial de consensos. Marañón remarca que pueden cambiar los operadores, las tecnologías y las banderas políticas, pero permanece la tentación de utilizar recursos, instituciones y herramientas del Estado para favorecer determinados proyectos de poder.
El problema, sin embargo, no es solamente cuánto dinero se roba desde la política y el poder; ¿es cuánto futuro se roba y cuántos derechos se cercenan?
Cada recurso público desviado representa una oportunidad perdida: una escuela que no se construye, una comunidad sin agua potable, un centro de salud que no alcanza condiciones dignas, una política pública que no llega a quienes más la necesitan. Cada acto de corrupción reduce la capacidad del Estado para enfrentar la pobreza, la desnutrición, la mortalidad materna y las desigualdades que todavía fracturan a Bolivia.
Las cleptocracias tienen, además, una extraordinaria capacidad de adaptación. Cambian de discurso, de sigla, de uniforme y de protagonistas; rara vez cambian sus métodos de expoliación.
Creímos que la nueva Constitución y la construcción del Estado Plurinacional abrirían un nuevo ciclo institucional, más inclusivo y algo más probo, porque además vino con la aparente recuperación de los recursos naturales y las materias primas para que sean administradas por el Estado, además en un periodo de gran bonanza económica, pero los controles abrieron nuevas prácticas y mayores oportunidades para el saqueo.
El caso Santos Ramírez en YPFB, las denuncias relacionadas con el Fondo Indígena o el caso Gabriela Zapata-CAMC expusieron, desde diferentes ángulos, la fragilidad de los controles y la facilidad con la que los intereses políticos pueden entrelazarse con intereses privados.
Pero sería cómodo y profundamente equivocado atribuir esta historia a un solo gobierno. Ya en los años 90 la OEA advertía sobre la corrupción como uno de los principales problemas nacionales y como obstáculo para el desarrollo y la seguridad jurídica. Tres décadas después, la pregunta sigue siendo incómoda: ¿qué hemos hecho realmente para desmontar esa estructura?
Aquí aparece una pieza decisiva del engranaje, el Poder Judicial, porque una cleptocracia no se sostiene únicamente con funcionarios dispuestos a desviar recursos; necesita instituciones incapaces de ejercer controles efectivos, garantizar independencia y producir sanciones oportunas.
Necesita, sobre todo, impunidad.
Cuando la justicia pierde independencia, cuando la persecución penal se vuelve selectiva o cuando los procesos por corrupción se prolongan hasta el cansancio y el olvido, el latrocinio deja de ser únicamente una conducta individua, s convierte en una práctica protegida por la impunidad, lamentablemente, degenera en una política de Estado.
Por eso, hablar de corrupción sin hablar de justicia es mirar apenas la mitad del problema. Contraloría, Ministerio Público, órganos de fiscalización y Poder Judicial deberían constituir barreras frente al saqueo. Cuando esas barreras se debilitan, son capturadas o dejan de funcionar, el propio andamiaje institucional termina favoreciendo la reproducción de la cleptocracia.
No basta con tener leyes. La Ley 1178 fue concebida precisamente para garantizar una administración responsable y mecanismos de control de los recursos públicos, pero ninguna norma puede detener el latrocinio cuando quienes deben aplicarla encuentran vericuetos para eludirla, los controles son débiles o la justicia termina convertida en escenario de impunidad.
Desde el siglo XIX hasta las dictaduras; desde las empresas estatales hasta los fondos públicos; desde los contratos millonarios hasta las redes contemporáneas de poder, el latrocinio parece encontrar siempre una puerta de entrada al botín estatal.
¿Bolivia nació condenada por la expoliación de sus recursos naturales y el saqueo del erario público? Durante décadas hemos permitido que quienes administran temporalmente el Estado actúen como si fueran sus propietarios, y con un sistema permanentemente corroído por la corrupción, cooptada por los servidores públicos de turno.
Cambian los caudillos, las consignas, los partidos y los nombres de las operaciones. Cambian incluso las tecnologías: antes eran contratos y propaganda hoy pueden ser redes artificiales, bots y manipulación digital. Pero si la estructura permanece intacta, la historia vuelve a comenzar.
El latrocinio no es una maldición inevitable, es una práctica sostenida por instituciones débiles, controles insuficientes, complicidades y, sobre todo, impunidad.
Y mientras la impunidad siga siendo más poderosa que la ley, el Estado continuará siendo tentación y botín para demasiados de sus administradores.
La pregunta ya no es quién robó más, es mucho más incómoda: ¿por qué seguimos permitiendo que nos roben el país?
