En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, colectivos de la diversidad sexual y organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre un escenario de violencia, discriminación y retrocesos institucionales que continúa afectando a las personas LGBTIQ+ en Bolivia.
La conmemoración de este 17 de mayo ocurre en medio de fuertes cuestionamientos tras la reciente eliminación de la Unidad de Diversidades Sexuales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, decisión asumida por la gestión del alcalde César Dockweiler y que organizaciones consideran un debilitamiento de las políticas públicas de protección y promoción de derechos.
“Eliminar una instancia especializada en diversidades sexuales no es una medida administrativa menor. Representa un retroceso en derechos humanos y una señal preocupante en un contexto de creciente violencia y discriminación”, afirmó Rodolfo Vargas, representante del Colectivo TLGB Bolivia.
La fecha también está marcada por el reciente asesinato de Miguel Ángel Coria Farfán, de 37 años, en Tarija, un caso que organizaciones identifican como un posible crimen motivado por prejuicio hacia su orientación sexual. Los colectivos denunciaron intentos de flexibilización de medidas cautelares contra el principal imputado y exigieron que el caso sea investigado con enfoque de derechos humanos y como posible crimen de odio.
“No se trata de hechos aislados. Existe una violencia estructural que continúa afectando a las personas LGBTIQ+ en Bolivia y que sigue encontrando respuestas institucionales insuficientes”, sostuvo Vargas.
Esta situación también fue reflejada recientemente por la Defensoría del Pueblo en su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Bolivia – Gestión 2025, que registró 65 denuncias vinculadas a vulneraciones de derechos de personas LGBTIQ+. Del total de casos, el 34% corresponde a denuncias presentadas por personas gais, el 29% por personas transexuales, el 21,5% por personas transgénero y el 15,5% restante por personas transformistas, lesbianas, bisexuales y queer.
El informe defensorial también identifica que las instituciones con mayor número de denuncias relacionadas con población LGBTIQ+ son los gobiernos autónomos municipales, el Ministerio Público, los Servicios Departamentales de Salud y los Tribunales Departamentales de Justicia, evidenciando persistentes barreras institucionales en el acceso a derechos y mecanismos de protección.
Agenda LGBTIQ+
Datos recuperados en la Agenda Política LGBTIQ+ para la Garantía de Derechos en Bolivia evidencian la persistencia de profundas brechas de exclusión y discriminación en distintos ámbitos.
Según la Primera Encuesta Virtual para personas con diversa orientación sexual, identidad y expresión de género en Bolivia (Defensoría del Pueblo, 2023), el 53% de la población LGBTIQ+ sufrió algún hecho de discriminación durante el último año, principalmente en espacios públicos, familiares, educativos y comerciales. Además, solo el 4% de las personas que sufrieron discriminación presentó una denuncia, mientras que el 96% no acudió a ninguna instancia institucional debido a la desconfianza, el temor a represalias y la percepción de impunidad.
La situación también refleja exclusión económica y barreras de acceso a derechos básicos. Aunque el 72% de las personas encuestadas se encuentra ocupada laboralmente, el 59% vive con ingresos menores al salario mínimo nacional. Asimismo, el 33% no cuenta con ningún seguro de salud y gran parte de la población desconoce cómo acceder al Sistema Único de Salud (SUS).
Frente a este panorama, organizaciones y activistas impulsan la Agenda Política LGBTIQ+ para la Garantía de Derechos en Bolivia, construida mediante un proceso participativo que reunió a más de 400 activistas de los nueve departamentos del país. La Agenda plantea fortalecer equipos especializados de atención integral, crear centros de asesoría legal y psicológica para población LGBTIQ+, implementar políticas de salud inclusiva, garantizar espacios educativos libres de discriminación y promover mecanismos efectivos de prevención y sanción de violencia, especialmente desde los gobiernos municipales y departamentales.
Las organizaciones advirtieron que la garantía de derechos de la población LGBTIQ+ no puede depender únicamente de avances normativos, sino de políticas públicas sostenidas, presupuesto y voluntad institucional.
“El 17 de mayo no puede quedarse en una fecha simbólica. El Estado tiene la obligación de garantizar que las personas LGBTIQ+ vivan sin violencia, discriminación ni miedo”, concluyeron.
