A 14 años de la promulgación de la Ley N° 243, Bolivia sigue sin garantizar protección efectiva frente al acoso y la violencia política contra mujeres. La persistencia de la impunidad, la falta de mecanismos de respuesta inmediata y la débil implementación institucional marcan el escenario actual, según coincidieron autoridades, expertas y organizaciones de mujeres en el conversatorio “Mujeres en política sin acoso ni violencia”, realizado este lunes en la ciudad de La Paz.
El balance más crítico lo planteó la experta en género del CEAE, Katia Uriona, quien advirtió que el principal problema no es la falta de normativa, sino su ineficacia en la práctica. Señaló una ruptura entre el reconocimiento formal de derechos y su garantía real. “Se ha trasladado la responsabilidad a las mujeres: se les dice que denuncien, que conozcan la ley, pero el Estado no responde. Hoy no hay mecanismos efectivos de protección ni de sanción”, cuestionó.
Uriona alertó que las mujeres enfrentan un sistema que no está diseñado para protegerlas. Identificó vacíos en todos los niveles: ausencia de protocolos operativos en concejos municipales, asambleas y partidos políticos; falta de instancias que actúen de manera inmediata; y procesos judiciales que pueden extenderse por años. “Las mujeres están ingresando a un sistema político que sigue siendo patriarcal. La violencia no es un efecto colateral, es un mecanismo para excluirlas del poder”, sostuvo.
Desde el VIO, la directora de Género, Durby Blanco, coincidió en que el contexto actual muestra señales de retroceso. “Las conquistas no están garantizadas. Incluso a nivel global se están cuestionando derechos que creíamos consolidados”, advirtió.
Blanco enfatizó que la violencia política no puede reducirse a cifras o normas. “Tenemos que mirar cómo impacta en la vida cotidiana de las mujeres: condiciona su participación, su permanencia y su capacidad de decisión”, señaló. Además, alertó sobre prácticas persistentes de disciplinamiento: “Se sigue utilizando la vida personal, el cuerpo y la imagen de las mujeres para deslegitimarlas. Incluso sin exponerse, son castigadas”.
Paridad sin poder
El debate también evidenció que, pese a los avances en representación, el acceso real al poder sigue siendo limitado. Gabriela Murillo, de la Coordinadora de la Mujer, explicó que Bolivia enfrenta una “paradoja”: alta participación numérica, pero baja incidencia en la toma de decisiones. “Tenemos más del 50% en el Legislativo, pero los cargos clave siguen en manos de hombres. La paridad no se traduce en poder”, afirmó. “El desafío es pasar de la representación formal a la democracia paritaria real, con cambios culturales, institucionales y normativos”, remarcó.
De acuerdo con ACOBOL, en 2023 se registraron 151 casos de acoso y violencia política, en 2024 hubo 118 denuncias, en 2025 hubo 76 y en lo que va de 2026 ya se contabilizan 32 denuncias. “Las concejalas enfrentan limitación de funciones, retención de salarios, agresiones y presiones para renunciar, muchas veces sin protección ni conocimiento de sus derechos”, señaló su representante, Maribel Mita.
Desde la Defensoría del Pueblo, Nelson Churqui subrayó que, pese a contar con un marco normativo avanzado, persisten serias fallas en su aplicación. “Existen mecanismos de protección que casi no se utilizan. Muchas mujeres no saben a dónde acudir o no reciben respuesta adecuada”, indicó, remarcando la necesidad de fortalecer la articulación institucional.
En ese contexto, Paola Carballo, de Oxfam, recordó que la Ley 243 prevé un Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata de Mujeres en Situación de Acoso y Violencia Política, que articula a varias instituciones del Estado, aunque su activación sigue siendo limitada. «La protección a mujeres en situación de violencia política requiere articulación real entre instituciones, no solo coordinación en el papel».
Violencia sistemática
El conversatorio fue organizado por la Coordinadora de la Mujer, en alianza con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL), Oxfam, ActionAid, la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Bolivia y el Centro Europeo de Apoyo Electoral (CEAE), con el apoyo de la Cooperación Española.
En la apertura del evento, la directora de la FES en Bolivia, Christine Roth, advirtió que la violencia política contra las mujeres se ha vuelto “sistemática”, y que la paridad, por sí sola, no garantiza igualdad real. Señaló que cuando las mujeres comienzan a ejercer poder, surgen reacciones para frenar su participación.
En esa misma línea, Lucía Vargas, de la Coordinadora de la Mujer, remarcó que la violencia política no es un hecho aislado, sino parte de una disputa estructural de poder. “No se trata solo de garantizar espacios, sino de transformar las condiciones en las que las mujeres participan”, afirmó.
Por su parte, Andrea Bohórquez, de ActionAid, alertó que estas violencias buscan disciplinar y devolver a las mujeres al silencio, pero enfatizó que ese objetivo no se concretará, destacando el rol transformador del liderazgo femenino en la política.
Durante el encuentro, el subteniente Bresner Capcha, de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) informó que la institución coordina acciones con el Ministerio Público para brindar protección a mujeres en situación de violencia, en el marco de sus competencias.
El conversatorio cerró con un diagnóstico compartido: Bolivia ha avanzado en normativa y representación, pero enfrenta un desafío urgente en garantizar condiciones reales para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. La impunidad, la débil respuesta estatal y la persistencia de prácticas patriarcales continúan limitando su participación y debilitando la democracia.
