El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Edgar Borth, informó que se acordó con las autoridades de la empresa de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) establecer mesas técnicas para informar y atender dudas de la ciudadanía sobre los dos contratos de litio, firmados con empresas internacionales.
En la vispera, el presidente Ejecutivo de YLB, Omar Alarcón, acompañado del ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo y el Gobernador Marco Copa, realizó una socialización sobre el contenido de cada uno de los contratos, con Uranium One Group (Rusia) y CBC (China), en un encuentro con instituciones cívicas, juntas vecinales, asambleistas, legisladores, asociaciones, instituciones y organizaciones de Potosí.
«Hemos hablado uno a uno de los dos contratos, se ha hecho observaciones, críticas y aportes en cuanto se refiere a este tema, pero lo más importante, más allá de la participación, es que hemos llegado a generar dos mesas técnicas para trabajar sobre este tema, principalmente sobre lo que la gente tiene dudas y vamos a convocar también a instituciones como la Universidad», manifestó Borth.
Durante la socialización, el presidente de YLB explicó las caracteristicas de los contratos, la inversión y proyección de ingresos en los próximos años; su adecuación a una nueva legislación sobre regalías; la tecnología a utilizarse y el porcentaje (1,64%) de las reservas de litio que utilizarán de ambos contratos durante su vida útil, en el Salar de Uyuni, entre otros.
Se prevee que las mesas técnicas sean instaladas la siguiente semana, en la nueva oficina de YLB, en la ciudad de Potosí.
Borth dijo también que otra de las conclusiones del evento fue que las socialización sea replicada en distintas regiones del departamento de Potosí con el propósito de absolver dudas y cuestionamientos.
YLB firmó dos contratos para la instalación de tres plantas industriales de producción de casi 50 mil toneladas de carbonato de litio grado batería, aplicando la tecnología avanzada de extracción directa de litio (EDL), seleccionada por la estatal por ser más optima, amigable con el medioambiente y no depende del proceso de evaporación.
Ambos contratos requieren la aprobación de la Asamblea Legislativa para el inicio de la instalación.
