El director departamental de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) Potosí, Óscar Santos, informó en una entrevista concedida a Radio Clásica (de Potosí), que la institución intensificó las acciones de control y fiscalización contra la minería ilegal, además de avanzar en la desburocratización de trámites administrativos.
La autoridad explicó que, desde que asumió funciones en enero de la presente gestión, se viene trabajando en la agilización de las solicitudes de Contratos Administrativos Mineros (CAM) y Licencias de Prospección y Exploración (LPE), con el objetivo de optimizar los tiempos de atención y facilitar los procedimientos administrativos.
Santos también informó que la minería ilegal fue advertida principalmente en La Paz, Potosí y la regional Tupiza, donde se identificaron organizaciones estructuradas, comunidades, empresas y personas de otras nacionalidades que habrían ingresado a diferentes áreas desde gestiones anteriores. Asimismo, mencionó que, de acuerdo con lo identificado, el 80% de la actividad minera en Potosí y Bolivia sería ilegal, situación que representa uno de los principales desafíos para las tareas de fiscalización.
El director departamental explicó que entre las actividades observadas existen casos de personas extranjeras, cooperativas y empresas que cuentan con licencias de prospección y exploración, pero que estarían realizando explotación minera, pese a que este tipo de autorización no les otorga ese derecho.
Frente a estas situaciones, la AJAM viene realizando inspecciones a partir de denuncias recibidas y también de oficio. “La lucha contra la minería ilegal definitivamente es muy complicada. La AJAM lo que ha hecho es ingresar a varios sectores a través de denuncias que hemos recibido en sede administrativa, pero también hemos hecho de oficio en inspecciones de rutina”, afirmó Santos.
En ese contexto, sostuvo que en algunas intervenciones se logró suspender actividades, retirar personas de los lugares y, con acompañamiento de la Policía Boliviana, realizar el secuestro de maquinaria. Entre los casos mencionados se encuentra el de la minera Alcira, donde la AJAM ejecutó un Amparo Administrativo Minero e ingresó al área con aproximadamente 90 efectivos policiales, encontrando actividad minera, bocaminas abiertas, maquinaria y equipos. Como resultado, se inutilizó parte de la maquinaria y se procedió al cierre de algunas bocaminas.
A su vez, Santos también se refirió al Cerro Rico de Potosí y explicó que la AJAM no administra este yacimiento ni tiene atribuciones para autorizar o disponer trabajos operativos en las áreas mineras que se encuentran bajo administración de otra institución competente. En ese sentido, aclaró que las decisiones relacionadas con las operaciones en este sector no corresponden a la AJAM.
Finalmente, Santos aseguró que las acciones de fiscalización continuarán en diferentes regiones del departamento, entre ellas Tinguipaya, Uyuni, Tupiza y otras provincias. La autoridad señaló que la institución continuará trabajando en la lucha contra la minería ilegal y en la regularización de la actividad minera, con el objetivo de contribuir también a la generación de recursos para el país mediante el pago de regalías mineras y otros impuestos.
