La Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) sostuvo este lunes una reunión con representantes del Gobierno Nacional para presentar una propuesta integral orientada a facilitar una transición ordenada frente al nuevo régimen cambiario, con el objetivo de proteger a las familias bolivianas, preservar la seguridad jurídica y garantizar la continuidad del desarrollo inmobiliario formal.
El desarrollo inmobiliario formal es uno de los principales motores de inversión y empleo del país, generando un importante efecto multiplicador sobre más de 40 actividades económicas vinculadas a la construcción, los servicios y la industria. Asimismo, representa un sector estratégico para facilitar el acceso de miles de familias bolivianas a una vivienda digna.
Miles de familias que hoy financian la compra de terrenos y viviendas directamente con empresas desarrolladoras enfrentan el impacto de la nueva realidad cambiaria. En ese contexto, la Cámara explicó que la coyuntura exige mecanismos extraordinarios que permitan preservar el cumplimiento de los contratos, proteger el patrimonio de los compradores y mantener la sostenibilidad de los proyectos inmobiliarios.
“Nuestro propósito es construir soluciones que permitan a las familias continuar pagando sus cuotas y conservar el patrimonio que están formando, preservando al mismo tiempo la seguridad jurídica y la estabilidad que requiere el país para seguir desarrollándose”, dijo Oscar Paz, director de la CBDI.
Durante el encuentro con los ministros de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, y de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano; además del viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, y el director nacional de Defensa al Consumidor, Walter Quiroz, la CBDI reafirmó que los contratos suscritos conforme al marco legal vigente mantienen plena validez jurídica. No obstante, destacó que el contexto económico demanda medidas de acompañamiento que faciliten el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las familias, mediante soluciones consensuadas entre el sector privado, el Estado y el sistema financiero.
Entre las iniciativas presentadas se encuentra la implementación de un período extraordinario de transición, durante el cual las empresas desarrolladoras asumirían temporalmente parte del impacto del nuevo tipo de cambio mediante bonificaciones comerciales y otras medidas de apoyo. Asimismo, continuarían ofreciendo alternativas como reprogramaciones, ampliaciones de plazo, refinanciamientos y soluciones individualizadas de acuerdo con la realidad de cada cliente.
La propuesta presentada también incorpora la creación de una línea especial de refinanciamiento para compradores a través del Banco Unión, la ampliación del Fondo de Garantía para incluir la compra de terrenos destinados a vivienda, el acceso a financiamiento de largo plazo para las empresas desarrolladoras y la conformación de una mesa técnica interinstitucional para analizar e implementar soluciones sostenibles para el sector.
Adicionalmente, la Cámara propuso evaluar medidas tributarias temporales que permitan aliviar el impacto económico que asumirán aquellas empresas que decidan compartir parte del costo de la transición cambiaria con sus clientes, contribuyendo así a preservar el acceso de miles de familias a una vivienda futura.
“Las empresas desarrolladoras estamos dispuestas a asumir una parte importante del esfuerzo para acompañar a nuestros clientes durante esta etapa de transición. Sin embargo, la magnitud del desafío hace indispensable el trabajo conjunto entre el Estado, el sistema financiero y el sector privado para construir soluciones sostenibles que protejan a las familias, preserven el empleo y permitan que los proyectos continúen”, afirmó Paz.
La CBDI valoró la apertura y la disposición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para escuchar las propuestas presentadas y manifestó su interés de continuar el análisis técnico de las alternativas planteadas, manteniendo un canal permanente de coordinación entre el Gobierno y el sector privado.
La Cámara reiteró su plena disposición de trabajar de manera conjunta con las autoridades, el sistema financiero y las demás instituciones involucradas para construir soluciones viables y sostenibles que permitan proteger a las familias bolivianas, preservar la seguridad jurídica, mantener la inversión y garantizar la continuidad del desarrollo inmobiliario formal como uno de los motores del crecimiento económico y la generación de empleo en el país.
