Más de 40 organizaciones de la sociedad civil de todo el país impulsan desde el año 2023 la aprobación de una reforma legislativa orientada a fortalecer el acceso a la justicia para sobrevivientes de violencia sexual y demandan su aprobación.
El proyecto de ley plantea: redefinir el delito de violación en base a la falta de consentimiento, eliminar el delito de estupro para que esta conducta sea subsumida por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, tipificar la violación incestuosa y evitar la impunidad de estos delitos por el paso del tiempo (imprescriptibilidad).
Estas medidas responden a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Angulo Losada vs. Bolivia (Nov. 2022).
Mónica Bayá, de la Comunidad de Derechos Humanos, destacó que esta sentencia “constituye un precedente clave para la protección de niñas, niños y adolescentes, al reforzar la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia sexual con debida diligencia y sin estereotipos.”
Por su parte, Bárbara Jiménez-Santiago, de Equality Now, señaló que “el caso de Brisa evidenció fallas estructurales que dificultan el acceso a la justicia. En ese sentido, el Proyecto de Ley N° 010 denominado por las organizaciones “Ley Brisa” busca corregir estas deficiencias y adecuar la normativa boliviana a estándares internacionales.”
Jinky Irusta de la Oficina Jurídica para la Mujer, recordó que en anteriores legislaturas se presentaron varios proyectos de ley que no lograron consenso, pero el Proyecto de Ley N° 010 logró avanzar y fue aprobado en el Senado en abril de 2024 derivándose a la Cámara de Diputados, donde fue modificado considerando propuestas del entonces Ministerio de Justicia pero finalmente no fue tratado en el pleno de esta Cámara, estamos aquí organizaciones de todo el país.
El tratamiento del Proyecto de Ley N° 010 fue reactivado en la Asamblea Legislativa Plurinacional por la diputada Andrea Ballivián en diciembre de 2025, quien destacó que “la iniciativa fue construida junto a Brisa De Angulo, sobrevivientes, organizaciones nacionales e internacionales hace más de tres años”, reconociendo la legitimidad de ese proceso, lamentó que la anterior legislatura no haya priorizado su aprobación e informó que el proyecto de ley cuenta con informes de viabilidad técnica y legal del órgano ejecutivo.
Recalcó además que este proyecto de ley tiene prioridad frente a otras iniciativas similares de acuerdo al Reglamento General de esta cámara.
Desde la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez subrayó que “la implementación de esta reforma representa una oportunidad histórica para eliminar barreras estructurales y evitar la victimización de niñas y adolescentes, en un contexto de alta prevalencia de estos delitos y de impunidad.”
Brisa De Angulo Losada señaló que: “la mayoría de los casos de violencia sexual no llega a la justicia, se archivan, se desestiman o prescriben. No porque no ocurra el hecho, sino porque el sistema exige a las víctimas denunciar cuando aún no pueden. Este proyecto de ley busca corregir un sistema que hoy falla.”
Finalmente, sobrevivientes de la Red de Niñas, Niños y Adolescentes contra la Violencia Sexual destacaron la urgencia de aprobar esta norma para evitar que otras víctimas enfrenten los mismos obstáculos.
