La Federación Departamental de Productores de Algodón (Fedepa) anunció que el sector se encuentra en una crítica situación. En una conferencia de prensa realizada ante la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, la entidad denunció presuntas irregularidades en la ejecución de políticas públicas, mala gestión de recursos estatales y decisiones administrativas que, según advirtió, han llevado al sector a una crisis productiva, financiera e institucional sin precedentes.
Jesús Arce, presidente de Fedepa, señaló que la federación, que agrupa a pequeños y medianos productores del departamento, afirmó que se enfrentan actualmente en un escenario de extrema vulnerabilidad. “El sector algodonero boliviano se encuentra en estado crítico. Si no se toman medidas inmediatas, el algodón desaparecerá nuevamente del país”, afirmó.
Programa estatal bajo la lupa
Uno de los principales cuestionamientos apunta al Programa Nacional de Apoyo al Fortalecimiento de la Producción de Algodón, ejecutado entre 2022 y 2025 bajo el Decreto Supremo 4632, con un presupuesto total de Bs 122 millones.
De acuerdo con Fedepa, el programa presenta graves indicios de ineficiencia, mala gestión y presunta malversación de recursos públicos. La obra más emblemática —una planta desmotadora de algodón adjudicada por Bs 37 millones— se encuentra actualmente paralizada por procesos judiciales.
“Los reportes oficiales hablan de un 65% de avance físico, pero en la inspección ocular que realizamos apenas se constata un 30%, mientras que la ejecución financiera llega al 88%”, explicó Arce. Según estimaciones del sector, esta diferencia podría representar un posible daño económico al Estado superior a Bs 15 millones.
A ello se suma que el entonces Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través de instancias como el Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria (IPDSA) y el Instituto Nacional de Innovacion Agropecuaria y Forestal Santa Cruz (Iniaf), dejó de ejecutar alrededor de Bs 30 millones destinados al fortalecimiento productivo y la apertura de mercados, recursos que fueron revertidos por incapacidad de gestión.
Fedepa también denunció que parte de estos fondos habría sido utilizada para beneficiar de forma selectiva a sectores ajenos a la cadena algodonera.
Compras estatales y golpe a la producción nacional
Otro de los puntos críticos es la compra de algodón hidrófilo importado por parte de la Caja Nacional de Salud (CNS). Según la federación, la CNS adquirió 20 toneladas de algodón hidrófilo de origen brasileño, pese a la impugnación formal presentada por la empresa nacional Premier Protex SRL.
Esta decisión, indicaron, vulnera artículos de la Constitución Política del Estado y la Ley 1257 de fomento a la adquisición estatal de bienes nacionales, generando un perjuicio directo a productores y a cuatro empresas bolivianas procesadoras de algodón hidrófilo.
“Es un precedente grave contra la política de sustitución de importaciones y defensa de la producción nacional”, advirtió Arce, al señalar que hasta la fecha no se activaron procesos administrativos, civiles ni penales por este caso.
Senatex y la crisis de la cadena textil
La situación de la empresa estatal Senatex fue otro de los ejes de la denuncia. Fedepa recordó que esta firma es el remanente de la exempresa privada Ametex, que llegó a generar 4.000 empleos directos y exportar más de $us 4 millones mensuales a marcas internacionales como Ralph Lauren y Tommy Hilfiger.
Actualmente, según la federación, Senatex enfrenta un quebranto institucional, con deudas salariales, servicios básicos impagos, patrimonio negativo, conflictos legales sobre la propiedad de sus plantas y un endeudamiento que supera los Bs 320 millones.
Sin mercado y sin campaña agrícola
El deterioro del sector se refleja también en el mercado. Actualmente, existen 3.500 fardos de algodón sin comprador, lo que impide a los productores acceder a financiamiento para la campaña agrícola 2026.
“Si no se logra abrir mercado, no se va a sembrar más algodón. El sector desaparece”, alertó Arce, quien comparó la situación con la desaparición de otros cultivos estratégicos que dejaron de ser prioridad en la agenda pública.
Acciones legales
La exdiputada nacional María José Salazar acompañó el pronunciamiento del sector y recordó que estas denuncias ya habían sido planteadas entre 2022 y 2023. “Hoy el sector vuelve a estar en crisis, sin mercado nacional ni internacional, y con una planta desmotadora abandonada y destruida”, afirmó.
Salazar anunció que, junto a Fedepa, se presentará una denuncia formal ante la Contraloría General del Estado, además de solicitudes de informes escritos a la Asamblea Legislativa. “Aquí hay malversación de fondos públicos, compras ilegales y responsabilidades penales de exautoridades del Ministerio de Desarrollo Rural, del Ministerio de Salud y de la administración de Senatex”, sostuvo.
Por: Economy
