El debate sobre los recursos fiscales bajo la fórmula de 50/50 proviene de la campaña electoral que el Presidente Rodrigo Paz ha planteado al país y que hoy todavía genera una amplia desorientación sobre su alcance. En el debate público predomina la simple distribución de los recursos, sin considerar que este reordenamiento tiene como escenario un excesivo gasto público, alto déficit fiscal y reformas estructurales pendientes.
La Agenda 50/50 no debería representar un gasto adicional en el Presupuesto del Estado, sino una readecuación estratégica de la asignación fiscal, para llevar adelante los procesos de desarrollo del país con visión territorial.
Una redistribución fiscal entre el nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas debería entenderse como una oportunidad para reconducir el régimen autonómico, superar la dispersión de recursos y optimizarlos; además de definir qué tipo de desarrollo se pretende construir a través de las autonomías para lograr el bienestar real de la población.
Por lo expuesto, la Plataforma de la Sociedad Civil para la incidencia Económica y Social recomienda que este proceso no se limite a un reparto o distribución de recursos, sino a viabilizar el cumplimiento de atribuciones y competencias que la Constitución Política del Estado asigna a los distintos niveles de gobierno.
Con base en un diagnóstico integral, que reconozca la complejidad del territorio nacional, proponemos que el proceso de transformación de la arquitectura fiscal del Estado incluya, además de la distribución de los recursos, aspectos sustanciales como un sistema de planificación adecuado a una Bolivia con autonomías, la corresponsabilidad en la generación de ingresos, la construcción de capacidades, la cooperación a través de la concurrencia y otros elementos incluidos en la agenda temática que planteamos en este comunicado; orientados por la equidad, efectividad y sostenibilidad.
Los recursos deben entenderse como el insumo necesario para operativizar un modelo de gestión integral que tenga objetivos concretos de desarrollo y posibilidades reales de impactar positivamente en las condiciones de vida de la población.
En este marco, las Entidades Territoriales Autónomas deben ser protagonistas de este proceso desde su potencialidad, pertinencia, capacidad legitimidad y cercanía con las necesidades de la población.
Para asegurar la gobernabilidad y legitimidad del proceso, se requiere el establecimiento de reglas claras, un cronograma y la suscripción de acuerdos previos entre el Nivel Central y las ETA; además de fortalecer e incorporar mecanismos para la participación ciudadana. Apostamos por un diálogo nacional que busque integrar propuestas de los distintos niveles de gobierno y de la sociedad civil.
Como Plataforma interinstitucional, en principio, planteamos la agenda temática con los siguientes puntos:
- Competencias
o Definición o distribución consensuada de competencias por niveles de gobierno (concurrentes, compartidas, o que se pueden transferir o delegar, en el marco de lo ya establecido en la CPE).
o Costeo competencial como base referencial para la distribución de los recursos.
- Sistema de Planificación en el marco de las Autonomías
- Generación de Ingresos y Distribución:
o Sistema Tributario y definición de dominios tributarios
o Regalías
o Sistema de coparticipación (distribución vertical y criterios de distribución horizontal)
o Endeudamiento
- Gasto y gestión financiera:
o Reglas fiscales: Gasto / Inversión
o Uso de los recursos en el marco de la autonomía (transparencia, incentivos, desburocratización, eficiencia, rendición de cuentas-resultados, participación y control social, concurrencia, etc.).
Como sociedad civil, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir en este proceso, aportando con contenidos técnicos que permitan que las definiciones sobre los recursos públicos y el ejercicio de la autonomía sean un instrumento para el bienestar de todas las bolivianas y bolivianos.
Llamamos a la responsabilidad de quienes hoy representan al Estado para que prime en ellos la voluntad de diálogo, la representación de las demandas de sus regiones y la capacidad de concertar el camino hacia el desarrollo; no como una respuesta frente a las emergencias y necesidades inmediatas, sino como proyecto de país sostenible en el tiempo.
Suscriben el presente comunicado:
- Academia Boliviana de Ciencias Económicas • Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios – CEBEM • Centro de Estudios Económicos Sociales (CEES) • Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA • Centro de Estudios POPULI • Centro de Estudios y Proyectos – CEP
- Centro de Generación de Información y Estadística CEGIE – Universidad Privada de Bolivia
- Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales CIEE – UPB • Construyendo Redes para el Desarrollo • Departamento de Economía de la Universidad Católica Boliviana • Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales – UAGRM • Fundación Autonómica • Fundación Ciudad • Fundación Gobierno Abierto • Fundación INESAD – Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo
- Fundación Jubileo • Fundación Tierra • Instituto Boliviano de Urbanismo – IBU • Instituto de Investigaciones Socio-Económicas IISEC – UCB • Ruta de la Democracia • Solidar Suiza • UNITAS.
