El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, presentó una demanda ante el Tribunal de Ética de la Cámara de Diputados contra la diputada suplente de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, por difamación al haber levantado su nombre y el de esta cartera de Estado con falsas acusaciones.
“Ya hemos iniciado una denuncia ante el Tribunal de Ética (…), vamos a ir tras estas personas que lo único que hacen es hacer acusaciones falsas y difamar a las personas, y en este juego no vamos a caer”, dijo en un boletín institucional.
En días pasados, la diputada Campero denunció supuestos hechos de corrupción en Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la cual adjudicó la construcción de una planta de agua a la empresa Carlos Caballero SA por 50 millones de dólares.
Advirtió que existen otros actores que están detrás de todo este “montaje” y que tendrían intereses que van más allá.
En 2019 Bolivia sufrió un golpe de estado impulsado por intereses externos y políticos de derecha que obedecen al imperio precisamente para frenar la estrategia del Estado Plurinacional de industrializar el litio, por sí misma.
“Hay a quienes no les conviene que este proyecto nacional avance debido a que podrían perder el control sobre este recurso tan estratégico”, sostuvo.
Molina aseguró que no se entiende por qué se involucra al Ministerio de Hidrocarburos y Energías y a su autoridad en una denuncia que carece de fundamentos, y que además surgió de un sindicato inventado.
“Esta denuncia está fuera de contexto (…) Ya que mi persona no interviene en los procesos de contratación que realizan estas entidades, como Yacimientos de Litio Bolivianos. Esta empresa tiene autonomía administrativa de gestión legal; por tanto, cualquier proceso de contratación que realice es competencia de la propia institución y no del ministerio”, afirmó.
La autoridad gubernamental reiteró que YLB tiene sus propios procedimientos internos y un comité de selección para estos procesos de licitación, que se enmarcan en al Decreto Supremo (DS) 181.
