Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las calles de Bolivia se llenaron de miles de mujeres que, con carteles y consignas, exigieron justicia, seguridad y una vida libre de violencia. Las marchas, en todo el país, en las que participaron integrantes de la plataforma Alerta 348 aglutinaron a colectivos, organizaciones sociales y ciudadanas comprometidas con la lucha contra la violencia de género.
La Alerta 348, articulación nacional de más de 200 organizaciones, estuvo presente en estas movilizaciones mediante su apoyo y coordinación con las diferentes organizaciones de mujeres. “No estamos celebrando, estamos exigiendo. La violencia sigue cobrando vidas, destruyendo familias y dejando a cientos de niños y niñas huérfanos cada año”, declaró una de las voceras que llegó a La Paz para ser parte de la movilización.
Los datos que respaldan las protestas son contundentes. Según el boletín más reciente de las organizaciones de sociedad civil señala que, en promedio, se registran más de 45.000 denuncias de violencia contra las mujeres solo este 2024, el promedio de los últimos 12 años es de 47.000. Cada día, al menos 30 casos de violencia sexual son denunciados, y cada cuatro días una mujer es asesinada por razones de género. Estas cifras, provenientes de la Fiscalía General del Estado, reflejan una crisis que no ha sido atendida con la efectividad necesaria por las autoridades, tanto en términos de prevención como de acceso a la justicia.
Uno de los puntos más alarmantes es que el 87% de los agresores denunciados son hombres, y la violencia familiar o doméstica sigue siendo el delito de mayor incidencia. “La casa, que debería ser un espacio de seguridad, se ha convertido para muchas mujeres en el lugar más peligroso”, afirmó una de las voceras de Alerta 348 en Sucre.
Las movilizaciones no solo demandaron justicia para las víctimas de feminicidios y violencia sexual, sino también un sistema judicial efectivo. Actualmente, el 70% de los casos de feminicidio registrados desde 2013, cuando se aprueba la Ley 348, sigue pendiente de resolución. Para las manifestantes, la falta de sentencias es un reflejo de la impunidad estructural que perpetúa la violencia.
En el caso de los feminicidios, 7 de cada 10 agresores fueron parejas o exparejas de las víctimas, lo que pone en evidencia la necesidad de trabajar en la prevención de la violencia desde los espacios más íntimos. “No podemos seguir normalizando estos crímenes. El Estado debe garantizar que las mujeres puedan vivir sin miedo”, enfatizó una participante en la marcha de Santa Cruz.
En su llamado al Estado boliviano, las organizaciones exigieron más recursos para la implementación de la Ley 348, que fue promulgada hace más de una década para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Sin embargo, las cifras demuestran que su aplicación aún está lejos de ser real.
