La mayoría de las mujeres en Bolivia se inserta en la economía en condiciones de informalidad y precariedad, según revela la investigación AlliCullqi: Derechos Económicos de las Mujeres Diversas en Bolivia, basada en una encuesta nacional aplicada a 317 mujeres. El estudio, elaborado por la Coordinadora de la Mujer, señala que “más del 70% de las mujeres trabaja en el sector informal”, que afecta su fuerza laboral y de integración al sistema productivo del país.
De acuerdo con los datos de la encuesta, apenas tres de cada diez mujeres cuentan con seguro de salud o aportes para la jubilación, mientras que en el sector informal “la protección social es prácticamente inexistente”. Esta situación afecta de manera diferenciada a mujeres indígenas, rurales, jóvenes y a mujeres de las diversidades sexuales y de género, profundizando las brechas de autonomía económica.
El informe advierte que la precariedad también se refleja en los ingresos. “Las mujeres ganan en promedio entre 25% y 30% menos que los hombres, brecha que puede superar el 40% en áreas rurales. En el caso de mujeres de las diversidades sexuales y de género”, se lee en el documento.
Otros datos complementarios muestran que el 35% percibe menos de 1.000 bolivianos mensuales, es decir, menos de la mitad del salario mínimo vigente al momento del levantamiento de la información.
En cuanto a los emprendimientos, la encuesta evidencia que la mayoría de las iniciativas lideradas por mujeres se mantiene en niveles de subsistencia. “Los emprendimientos impulsados por mujeres suelen concentrarse en sectores de baja productividad como comercio informal, manufactura artesanal y servicios personales”, señala la investigación, agregando que más del 60% de las mujeres se desempeña en actividades con escaso valor agregado.
El acceso al financiamiento aparece como una de las principales barreras. Según AlliCullqi, “ocho de cada diez mujeres emprendedoras no acceden a crédito bancario formal”, principalmente por falta de garantías, informalidad de sus actividades y prácticas discriminatorias del sistema financiero. Como resultado, muchas recurren a créditos informales con altas tasas de interés, lo que reduce aún más la rentabilidad de sus negocios.
La carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado incide de forma directa en estas condiciones económicas. La investigación recoge que las mujeres dedican en promedio 39 horas semanales a tareas de cuidado, frente a 14 horas de los hombres. Además, el 70% de las mujeres que no busca empleo remunerado señala que la principal razón es la responsabilidad de cuidado de hijas e hijos, personas mayores o familiares dependientes.
La ausencia de un sistema público integral de cuidados es identificada como una barrera estructural. “La falta de servicios como guarderías, centros comunitarios de cuidado o licencias corresponsables obliga a las mujeres a asumir los cuidados de manera individual”, advierte el estudio, limitando su acceso a empleos formales, formación técnica y mejores ingresos.
Las desigualdades se profundizan en contextos rurales y territorios periféricos. Según la
investigación, el 42% de las mujeres rurales depende de la agricultura familiar de baja rentabilidad, enfrentando además mayores distancias a servicios públicos, acceso limitado a capacitación y escasa infraestructura productiva, factores que restringen el desarrollo de emprendimientos sostenibles.
El estudio concluye que, pese a los avances normativos en materia de igualdad, persisten brechas estructurales que afectan el ejercicio pleno de los derechos económicos de las mujeres. “La informalidad, la precariedad laboral, la sobrecarga de cuidados y el acceso desigual a financiamiento continúan limitando la autonomía económica de las mujeres en Bolivia”, señala Alli Cullqi, subrayando la necesidad de políticas públicas integrales y diferenciadas.
Esta iniciativa es de la Coordinadora de la Mujer, con el apoyo financiero de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y CARE Ecuador.
