La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), organización matriz que representa a los pueblos indígenas amazónicos del norte de La Paz y defensora de los derechos colectivos, los territorios indígenas, la vida, el agua y la Madre Tierra, expresa ante la opinión pública nacional e internacional su más firme rechazo a la exclusión de los pueblos indígenas de la Cumbre Nacional Minera 2026 y en las mesas sectoriales impulsadas por el Ministerio de Minería y Metalurgia, espacios destinados a discutir la actualización y la elaboración de una nueva política pública y normativa para el sector.
Es inaceptable que el Estado pretenda construir una política minera de alcance nacional sin la participación efectiva de quienes soportan directamente los impactos ambientales, sociales, culturales y económicos de la actividad minera. Los pueblos indígenas no somos actores marginales del debate; somos los titulares de derechos constitucionales y los principales afectados por la contaminación de nuestros ríos, la degradación de nuestros territorios y la pérdida de nuestros medios de vida.
La exclusión de las organizaciones indígenas vulnera los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo de Escazú, entre otros instrumentos legales que garantizan el derecho a la participación, la consulta previa, libre e informada y el acceso a la información ambiental.
Nuestra preocupación se fundamenta en hechos concretos
Los territorios indígenas del norte amazónico del departamento de La Paz enfrentan desde hace años una creciente expansión de la minería aurífera, cuyos impactos han sido ampliamente documentados por las propias organizaciones indígenas y por diferentes estudios científicos. La contaminación con mercurio afecta directamente la salud de nuestras familias, la seguridad alimentaria, los peces, las fuentes de agua y la biodiversidad de nuestros territorios.
La CPILAP promovió una Acción Popular en defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, obteniendo una Resolución Judicial que ordenó, entre otras medidas, la suspensión de actividades mineras ilegales y de operaciones sin Licencia Ambiental, la paralización del otorgamiento de nuevos derechos mineros en varias cuencas amazónicas hasta que existan controles efectivos y la obligación de desarrollar verdaderos procesos de Consulta Previa. Sin embargo, dichas determinaciones continúan enfrentando serios problemas de cumplimiento.
En este contexto, resulta profundamente preocupante que la Cumbre Nacional Minera y las posteriores Mesas Sectoriales continúen reproduciendo un modelo de diálogo que privilegia únicamente a determinados actores económicos, dejando fuera a los pueblos indígenas cuyos derechos han sido reconocidos incluso mediante decisiones judiciales.
Por tanto Rechazamos
- La exclusión de los pueblos indígenas de los espacios oficiales de discusión sobre la reforma del régimen minero nacional.
- La elaboración de una nueva política y normativa minera sin procesos efectivos de consulta previa, libre e informada.
- Cualquier intento de flexibilizar los controles ambientales o sustituir el uso del mercurio por otras sustancias altamente tóxicas sin una evaluación integral de sus impactos ambientales y sanitarios.
- La autorización y expansión de actividades mineras dentro de áreas protegidas, sitios RAMSAR, cabeceras de cuenca y ecosistemas estratégicos.
- La criminalización de las organizaciones indígenas que ejercen legítimamente la defensa de sus territorios y derechos.
Exigimos al Estado Plurinacional de Bolivia
- La incorporación inmediata y efectiva de la CPILAP y de las organizaciones indígenas representativas en todas las instancias de discusión relacionadas con la reforma de laLey de Minería y Metalurgia (Ley No. 535) y la construcción de la nueva política y normativa minera nacional.
- El cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado respecto al derecho a la consulta previa, libre e informada antes de cualquier decisión administrativa o legislativa susceptible de afectar a los pueblos indígenas.
- El cumplimiento inmediato de la tutela otorgada en la Acción Popular promovida por la CPILAP y la ejecución de todas las medidas ordenadas por la autoridad judicial para proteger las cuencas de los ríos Beni, Madre de Dios, Tuichi, Quiquibey, Kaka, Alto Beni y Tequeje.
- La implementación de una política nacional de reducción y eliminación progresiva del mercurio en la minería aurífera, conforme a las obligaciones internacionales asumidas por Bolivia al ratificar el convenio de Minamata y priorizando la protección de la salud de las poblaciones indígenas.
- El fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización ambiental, control de la minería ilegal y sanción efectiva de las actividades extractivas que operan sin autorización de autoridad competente y sin Licencia Ambiental o vulneran derechos fundamentales.
- La garantía de acceso a información pública, transparencia y participación ciudadana en todos los procesos relacionados con la actividad minera.
- La paralización de toda actividad minera que se realiza en áreas protegidas cuyos derechos no hayan sido otorgados antes de la declaración del área protegida o sea que no sean derechos “preconstituidos” al establecimiento del área protegida.
No puede existir una verdadera política minera de Estado mientras se excluya precisamente a quienes habitan y protegen los territorios donde dicha actividad pretende desarrollarse.
La CPILAP reafirma que continuará utilizando todos los mecanismos legales nacionales e internacionales necesarios para defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas, exigir el cumplimiento de las decisiones judiciales obtenidas y proteger la vida, el agua, los ríos y los bosques de la Amazonía boliviana.
