El municipio de Ixiamas, enclavado en la provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz, ha entrado en un estado de emergencia. El alcalde Felix Laime, acompañado por representantes de organizaciones sociales y líderes comunales, anunció este lunes el inicio de una huelga general indefinida tras denunciar una grave crisis de abastecimiento de combustibles, el desvío ilegal de cisternas y un esquema de corrupción que, aseguran, opera con impunidad y complicidad de exautoridades locales.
“Ixiamas ha tenido paciencia. Ixiamas ha actuado con responsabilidad. Pero ya no podemos seguir tolerando este abuso”, expresó Layme, en un pronunciamiento enérgico que refleja el cansancio acumulado de una población que, desde hace más de cuatro meses, sobrevive con un mínimo e irregular suministro de gasolina y diésel.
La raíz de la crisis se remonta al 5 de diciembre de 2024 cuando la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) clausuró la estación de servicio SAYHOGAS S.R.L. por “serias irregularidades”. Desde entonces, la comunidad ha dependido de una sola cisterna mensual de 24.000 litros, cantidad insuficiente para atender las necesidades de productores, transportistas y servicios básicos.
La situación se volvió crítica cuando YPFB intentó asumir la administración de forma preventiva, pero dicha intervención fue anulada por un amparo legal considerado irregular, dejando al municipio en el limbo jurídico y logístico.
La denuncia va más allá del simple desabastecimiento. Según Layme, al menos 25 cisternas de combustible fueron desviadas entre septiembre y noviembre del año pasado. A la fecha, no existe imputación alguna ni sanciones penales. “¿Dónde están esas cisternas? ¿Quién responde por ese daño al municipio?”, cuestionó el alcalde, visiblemente indignado.
La situación se agrava con la acusación directa contra la empresa SAYHOGAS, a la que señalan de operar desde enero con una licencia de funcionamiento vencida, de intentar manipular procesos judiciales y de ejercer persecución política contra las autoridades locales que se niegan a renovar dicha licencia sin cumplir requisitos legales.
Las acusaciones salpican también a exautoridades como el exsubgobernador José Guisada Nina y el diputado suplente David Vargas, quienes habrían utilizado influencias para presionar a la ANH y favorecer a la empresa cuestionada.
Asimismo, se denuncia el monopolio en la venta de combustibles ejercido por los hermanos Ciro e Iván Limachi, quienes controlan otras estaciones en la región —incluida la de Tumupasa— y han sido señalados por discriminar a los habitantes de Ixiamas, negándoles la venta de combustible incluso cuando presentan su carnet de identidad.
La gravedad de las acusaciones es respaldada, según el alcalde, por pruebas documentales, grabaciones y testimonios de ciudadanos que revelan intentos de soborno y manipulación dirigidos a dividir a la población y desacreditar a las autoridades que exigen justicia.
Desde el gobierno local se exige con urgencia que YPFB asuma de manera inmediata y definitiva el control de la estación SAYHOGAS, además del ingreso regular de al menos tres cisternas por semana para garantizar el funcionamiento de la economía local, el transporte y los servicios esenciales.
