La discriminación y las violencias basadas en la orientación sexual e identidades de género son realidades que afectan a millones de personas en todo el mundo, realidad que no es ajena a la nuestra. En Bolivia se han dado importantes avances normativos para el reconocimiento y garantía de los derechos de la población LGBTIQ+, empero, ésta aún enfrenta situaciones de vulnerabilidad en distintos ámbitos de su vida.
La Constitución Política del Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona en cumplimiento a las leyes y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, línea constitucional que ha permitido registrar avances a favor de la población LGBTIQ+.
Estos avances normativos también se plasman en la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y la Ley 807 de Identidad de Género que garantiza el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero, que ha permitido que desde su vigencia hasta el tercer trimestre de esta gestión, 701 personas de la población transexual puedan realizar el cambio de nombre y el dato del sexo en todos sus documentos de identidad, de acuerdo con su identidad autodefinida.
Otro avance se tiene con la Sentencia Constitucional Plurinacional 0577/2022-S2 de 22 de junio de 2022, que prohíbe la discriminación en razón de la orientación sexual e identidad de género y legaliza las uniones libres o de hecho entre personas del mismo sexo, lo que ha posibilitado que en 2023 el Servicio de Registro Cívico registre 47 inscripciones de uniones libres de parejas del mismo sexo.
No obstante, se debe reconocer que frente a estos avances existen barreras. El último informe de la CIDH, notificado al Estado boliviano en la presente gestión, señala que la población LGBTIQ+ en el país atraviesa situaciones de discriminación en salud, educación, en el ámbito laboral y otros; frente a ello, el Estado continua con los esfuerzos para erradicar estas prácticas injustas y promover el respeto y las garantías constitucionales basadas en la igualdad y no discriminación, con el firme compromiso de proteger los derechos humanos de todas, todos y todes los bolivianos.
En esa línea, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, trabaja en la elaboración de una propuesta normativa que es construida de manera colectiva con los actores LGBTIQ+, la cual permitirá identificar todas las barreras que enfrenta esta población, y establecer mecanismos, medidas y políticas integrales que garanticen el cumplimiento y goce efectivo de sus derechos, su integridad personal, su auto identificación, derecho al matrimonio y a la unión libre, a la educación, salud, trabajo, al cambio de sexo, prohibición de abandono de niñas, niños y adolescentes por causa de su orientación sexual, identidad o expresión de género; además de contar estadísticas oficiales que actualmente no existen.
Hoy, 28 de junio, cuando se recuerda el “Día de los Derechos de la Población con orientación sexual diversa en Bolivia”, se debe reafirmar el compromiso del Gobierno nacional en la protección de sus derechos, reconociendo que existe un gran camino recorrido en ello, pero que aún queda mucho por recorrer.
