El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que la Comisión de Fiscales que investiga el caso denominado “Gases Lacrimógenos” presentó la acusación formal en contra de nueve personas que habrían estado involucradas en el proceso de contratación directa de adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotines para la Policía Boliviana en la gestión 2019, hecho que causó un daño económico al Estado de 16 millones de bolivianos.
“En este caso, el Ministerio Público emitió la acusación formal, debidamente sustentado, basado en 37 pruebas testificales y 179 pruebas documentales secuestradas en la investigación que corresponde al proceso de contratación en los Ministerios de Gobierno y Defensa”, dijo.
Explicó que la acusación formal fue presentada en contra del ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien fue declarado rebelde, el ex ministro de Defensa, Luis Fernando López, (rebelde), el ex director de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Alberto Zamora (rebelde), el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Raúl López, el ex jefe de la Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa, Alan Menacho, el ex director de Logística, Pedro Rea, la ex directora General de Asuntos Administrativos, Ruth Palomeque y el ex responsable de Artículos Clase V del Ministerio de Defensa, Dennis Vera.
Asimismo, se presentó la acusación formal en contra del representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC. Bryan Samuel Berkman, quien fue declarado rebelde.
“Los delitos atribuidos a los acusados son Uso Indebido de Influencias, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública e Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica, Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado, entre otros”, sostuvo.
Indicó que todos estos delitos la Fiscalía está solicitando una sentencia condenatoria y la pena máxima para los acusados, que es de 10 años de prisión, además se debe considerar las agravantes.
Manifestó que, con la presentación de la acusación formal la Fiscalía está a la espera del señalamiento del inicio de juicio por parte de la autoridad jurisdiccional sin que la declaratoria de rebeldía de algunos de los acusados impida su normal desarrollo.
