El concejal de La Paz, Javier Escalier, aseguró que el cementerio Los Andes y las plataformas habilitadas en la zona se encuentran dentro de la jurisdicción del municipio de La Paz desde 1968, según lo establece la Ley 453.
“Toda la cartografía que maneja el municipio confirma que este cementerio está emplazado en La Paz. Esto también puede corroborarse mediante el Sistema de Información Territorial (Sitv2) del Gobierno Municipal de La Paz”, afirmó Escalier, quien cuestionó las declaraciones del alcalde Iván Arias sobre los límites municipales.
El concejal enfatizó que la Alcaldía de La Paz, a través de las subalcaldías y unidades de fiscalización, tendrían que haber realizado un control riguroso de los movimientos de tierra en la zona. “Estos trabajos no se hicieron de la noche a la mañana; se ejecutaron por meses. La unidad de fiscalización debía notificar al propietario y paralizar las obras hasta que se demostraran las autorizaciones necesarias. Este control al parecer nunca existió”, denunció Escalier.
En su defensa, Arias indicó que se advirtieron irregularidades, pero el concejal calificó estas declaraciones como insuficientes. “Manifestar que se les dijo que no realicen ninguna actividad no constituye una acción administrativa. Hasta hoy no se ha mostrado ninguna notificación oficial que respalde la fiscalización en esos sectores”, añadió.
Para Escalier, la omisión de controles constituye un incumplimiento de deberes que involucra a las subalcaldías, las unidades de fiscalización e incluso al propio alcalde. “Es preocupante que la máxima autoridad del Gobierno Municipal no defienda la jurisdicción de La Paz. Esto refleja un desconocimiento grave de los límites municipales”, destacó.
El desastre ocurrido en Bajo Llojeta, donde una mazamorra provocó la muerte de una menor, dejó heridos y causó daños en viviendas, exige, según Escalier, una auditoría técnica independiente para determinar las responsabilidades. La empresa Kantutani, propietaria del cementerio, también solicitó esta auditoría y aseguró que sus trabajos de estabilización contaron con el conocimiento de las alcaldías de La Paz y Achocalla.
En una conferencia conjunta, los alcaldes de La Paz y Achocalla señalaron que Kantutani no contaba con los permisos necesarios. Sin embargo, hasta el lunes, ambas autoridades se atribuían mutuamente la autorización de los trabajos. “Este tipo de contradicciones solo reflejan la falta de coordinación y control que terminó desencadenando esta tragedia”, concluyó Escalier.
