Han pasado ocho meses de la sentencia judicial que ordenó destruir los desvíos de agua construidos sin licencia ambiental en el río San Lorenzo —dentro de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó, en la Chiquitania— para beneficiar a predios ganaderos. Sin embargo, la magistrada del Tribunal Agroambiental, Rocío Vásquez, mantiene suspendida la fase de casación: una etapa final en la que los jueces solo revisan si las leyes se aplicaron correctamente en el fallo inicial. En esta instancia ya no se pueden pedir nuevos informes ni reevaluar las pruebas.
La defensa legal de las cinco comunidades afectadas, Ipias, Ramada, Entre Ríos, Buena Vista y San Juan, califica la medida de irregular, cuestiona la solicitud de nuevos informes por considerarlos ajenos a esta fase del proceso y denuncia trabas para acceder a la información judicial.
En entrevista con La Región, el abogado ambiental Rodrigo Herrera, informó que Vásquez dispuso la suspensión de los plazos procesales en la etapa de casación y solicitó informes técnicos a instituciones que no corresponden a la materia en litigio.
La magistrada requirió datos a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y a la Unidad Técnica del Tribunal. “Este es un caso estrictamente hídrico y de evaluación de impacto ambiental, no de manejo forestal. Se están forzando elementos e instancias que no corresponden para tratar de justificar la permanencia de infraestructuras ilegales y favorecer a la parte demandada”, dijo Herrera.
A la paralización de la causa, según Herrera se suman impedimentos al principio de transparencia y libre acceso a la justicia. Durante la última audiencia del caso, Vásquez restringió el ingreso a los medios de comunicación y fijó un límite de 15 minutos para los alegatos de las partes, sin dar respuesta a los reclamos sobre las presuntas irregularidades procesales.
En un comunicado enviado a los medios, las comunidades denunciaron también que el tribunal rechazó la solicitud de aplicar notificaciones electrónicas. La decisión de mantener las notificaciones exclusivamente mediante tablero físico en Chuquisaca obliga a los demandantes realizar viajes de más de 20 horas desde sus territorios solo para enterarse del estado de su expediente. “Esto no es un inconveniente administrativo, es una forma cruel de exclusión y discriminación institucional. Las comunidades ya no pueden seguir viajando 20 horas para mendigar información”, manifiestan los afectados en el comunicado.
Ante esta situación, el abogado Herrera solicitó la intervención urgente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la vulneración del derecho al debido proceso y al agua, además de requerir al Consejo de la Magistratura la apertura de una investigación formal contra la magistrada Vásquez por “parcialización, retardo de justicia y obstrucción al derecho a la información”.
Mientras tanto, en las comunidades indígenas chiquitanas, deben de recurrir a comprar el líquido de cisternas.
