En un nuevo evento realizado en el marco del Foro Nacional sobre Tierra, Territorio y Medioambiente, con miras al debate presidencial de la segunda vuelta, se firmó un acta general de acuerdos y compromisos por asambleístas electos, activistas ambientales, organizaciones indígenas y sociedad civil que identificaron siete tópicos ambientales a ser trabajados por la asamblea legislativa electa a ser posesionada en octubre de esta gestión.
Las problemáticas identificadas fueron los incendios forestales, agua, minería, extractivismo, crisis climática, seguridad y soberanía alimentaria, así como la cuestión de los defensores de derechos ambientales; todos los cuales ameritan un trabajo coordinado entre la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), así como su incorporación al trabajo de este poder del Estado.
También se solicitó a dicha instancia en el acta bautizada como “Alianza por la Vida”, el tratamiento y aprobación de los siguientes proyectos de ley: Ley para la Protección de Bosques y otros Sistemas de Vida; Ley de Emergencia Climática; Ley de Desarrollo Integral Sustentable del Norte Amazónico “Bruno Racua” y Ley de Gestión Pública para las Autonomías Indígena Originarias.
El acta aclara además que el tratamiento y aprobación de los proyectos citados contempla también el apoyo e involucramiento en la construcción de la Ley del Agua para la Vida, permitiendo así garantizar que la revisión y sanción de estas normativas se realice con participación de la sociedad civil, juventudes y pueblos indígena-originario campesinos.
Minería en áreas protegidas
En primera instancia fue consultado Juan Carlos Alarcón de PBFCC como parte de la sociedad civil, sobre el tema de si es posible concebir una minería responsable en cuanto a que todo tipo e minería, ya sea de carácter legal o ilegal, provoca una profunda y significativa contaminación en el medio ambiente, esto es lo que respondió:
“Bueno, nuestra posición desde la plataforma, como varias veces la hemos planteado, es justamente que estamos de acuerdo que la minería, sea legal o ilegal, siempre va afectar como cualquier actividad extractiva, siempre va tener sus impactos, pero también estamos conscientes que es una actividad económica que de alguna forma muchos bolivianos y bolivianas son parte de eso, entonces yo creo que avanzar por lo menos en eliminar la minería ilegal sería un gran avance”.
En referencia a expulsar a las cooperativas mineras que vienen trabajando al interior de áreas protegidas, Cecilia Requena, diputada electa por La Paz por la alianza Unidad liderada para la próxima gestión y una de las firmantes del acta “Alianza por la Vida” considerada como una reunión estratégica para coordinar una agenda ambiental con los pueblos indígena-originario campesinos y la sociedad civil, se manifestó sobre el particular.
“Lo que yo he visto con mucha preocupación en la campaña de la primera vuelta y en esta segunda vuelta es que no hay referencias claras a la lucha contra el desastre ambiental, tiene que ver y se lo puede entender con que mucha gente entiende que la crisis económica no nos va permitir, así lo ven, darnos el “«lujo», de preocuparnos por el tema ambiental, pero ése es un grave error”, criticó.
Otra legisladora electa y que será posicionada en octubre es María Antonieta Alcón, senadora electa por Oruro de las filas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) quien exteriorizó sus consideraciones sobre la cuestión ambiental y en específico, sobre el tema de la minería al interior de algunas áreas protegidas.
“Ante todo como senadoras electas y como servidores públicos tenemos que tener una misión bien clara, hacer cumplir lo que dice la Constitución Política del Estado (CPE) dentro nuestros derechos y obligaciones, y dentro de ello también tenemos que reforzar el cuidado del medio ambiente, no estamos en contra de la minería, pero sí la minería debe ser responsable y saludable con el medio ambiente, y lamentablemente en estos veinte años no se ha visto eso”, esclareció.
