Repensar el Servicio Militar en una Bolivia pacifista

Elizabeth Salguero Carrillo es comunicadora social.​

Durante mi gestión como diputada, entre 2006 y 2009, presenté un proyecto de ley para sustituir el Servicio Militar Obligatorio por un servicio civil voluntario. La propuesta partía de una convicción que mantengo hasta hoy: servir a la patria no debería significar aprender a manejar armas, ni someterse a una disciplina basada en el miedo y el autoritarismo, sino contribuir solidariamente al bienestar de la población.

​Casi dos décadas después, existen aún más razones para retomar este debate. Una investigación periodística de Opinión y Connectas documentó la muerte de 62 soldados que prestaban servicio militar entre 2011 y 2023, en circunstancias violentas, abusivas o insuficientemente esclarecidas. La Defensoría del Pueblo, por su parte, registró 53 fallecimientos de conscriptos y 362 denuncias de violencia en cuarteles durante una década. De 1.500 cadetes y conscriptos encuestados, el 77 % afirmó haber presenciado alguna agresión contra un camarada.

​No se trata, por tanto, de hechos aislados. Detrás de estas cifras aparecen castigos físicos, ejercicios extremos, atención médica tardía, discriminación, encubrimiento e impunidad. La mayoría de las víctimas son jóvenes de familias campesinas, indígenas y de menores ingresos, para quienes el servicio militar continúa siendo prácticamente obligatorio, no solo por mandato legal, sino porque la libreta militar todavía condiciona oportunidades laborales y trámites dentro del Estado.

​Los jóvenes con mayores recursos pueden acceder a la libreta de servicio militar sin participar en la «preparación», ingresar al servicio premilitar, pagar uniformes, transporte y alimentación o encontrar otras formas de evitar un año de encierro. Los más pobres, en cambio, deben ingresar a los cuarteles; así, una obligación presentada como igualitaria termina reproduciendo las desigualdades sociales, económicas y étnicas del país.

​La Constitución contiene una contradicción que debemos afrontar democráticamente. Su artículo 10 define a Bolivia como un Estado pacifista, que promueve la cultura y el derecho a la paz, la cooperación entre los pueblos y el rechazo a la guerra como mecanismo de solución de controversias. Sin embargo, los artículos 108 y 249 mantienen la obligatoriedad del servicio militar.

​Por ello, sustituir definitivamente esa obligación requiere abrir un debate legislativo y constitucional. Las normas no son inmutables cuando la realidad demuestra que una institución debe transformarse para garantizar derechos fundamentales, especialmente la vida, la integridad y la dignidad de los jóvenes bajo custodia del Estado.

​También debemos preguntarnos qué significa hoy defender la patria. En América Latina, pese a las diferencias ideológicas y los conflictos históricos, las controversias entre Estados se resuelven principalmente por medios diplomáticos, jurídicos y políticos. Nuestra seguridad enfrenta amenazas distintas: incendios forestales, inundaciones, sequías, contaminación de los ríos, narcotráfico, trata de personas, violencia contra las mujeres, inseguridad alimentaria y abandono de comunidades rurales.

​En este contexto, resulta legítimo revisar cuánto destinamos a estructuras militares y armamento, y cuánto invertimos en prevención de desastres, salud, educación, protección ambiental y seguridad humana. Según los datos publicados por el Banco Mundial y el SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), el gasto militar de Bolivia en 2024 se situó en aproximadamente $us 655 a 660 millones.

Esta cifra comprende personal, funcionamiento, infraestructura y equipamiento, no solamente armas. Precisamente por su magnitud, demanda transparencia, fiscalización y una evaluación rigurosa de sus prioridades.

​Bolivia, quizás como otros países, no necesita Fuerzas Armadas y, si las requiere, deben ser profesionales, democráticas y respetuosas de los derechos humanos, preparadas para proteger la soberanía y colaborar ante emergencias.

Lo que no necesita es utilizar a miles de jóvenes como mano de obra barata, exponerlos a prácticas violentas o formarlos bajo una lógica bélica que no responde a las principales amenazas que enfrenta el país.

​La alternativa es avanzar hacia un servicio militar strictly voluntario y profesional, acompañado de un servicio civil voluntario abierto a mujeres y hombres. Las y los jóvenes podrían participar, con capacitación, protección social y certificación, en campañas de alfabetización, atención a personas adultas mayores y con discapacidad, prevención de la violencia, reforestación, protección de fuentes de agua, respuesta ante desastres, salud comunitaria y apoyo tecnológico en municipios rurales.

​Este servicio no debería convertirse en una nueva forma de trabajo gratuito. Tendría que garantizar un estipendio digno, seguro de salud y de vida, formación técnica, reconocimiento académico e incentivos para continuar estudios o ingresar al empleo público. Su propósito sería formar ciudadanía solidaria, no obediencia ciega.

​Servir a Bolivia debería significar cuidar la vida. Un joven que combate un incendio forestal, alfabetiza en una comunidad, protege un río o ayuda a reconstruir una vivienda después de una inundación, también defiende la patria.

​Ha llegado el momento de recuperar esta propuesta y abrir un debate nacional. La libreta militar no puede valer más que la vida de nuestros jóvenes.

En un Estado constitucionalmente pacifista, el servicio al país debe construirse desde la solidaridad, la igualdad y la paz, no desde la imposición ni las armas.