Ante los anuncios del Órgano Ejecutivo sobre un posible incremento salarial para la gestión 2027, la Cámara Nacional de Comercio, en representación del sector comercial y de servicios formal del país, hace conocer su posición a la opinión pública: El incremento salarial debe definirse en un diálogo tripartito real y tener como base máxima el crecimiento de la inflación oficial.
Hasta la fecha, los gremios empresariales no hemos recibido ninguna convocatoria oficial para tratar este tema, pese a ser el sector que asume el pago de los salarios y consideramos que este es el momento oportuno para definir cómo se tomará la decisión. Recordamos que, al anunciar el incremento de 2026, el Gobierno comprometió una reunión tripartita junto a empleadores y trabajadores, a fines de esta gestión, para tratar los ajustes para el 2027. Solicitamos que ese compromiso se cumpla y que la convocatoria se formalice, conforme a la práctica de diálogo social que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La CNC no se opone a que el trabajador recupere poder adquisitivo; sin embargo, considera que la inflación es el criterio objetivo, verificable y justo para hacerlo, y que debe constituir también su límite. Un ajuste que no supere el crecimiento de los precios -medido por el INE- protege el bolsillo del trabajador sin poner en riesgo la continuidad de las empresas que pagan esos salarios.
También es necesario recordar que la gestión 2026 ya registró un incremento muy por encima de ese criterio: el Salario Mínimo Nacional se incrementó en 20% en enero, de Bs 2.750 a Bs 3.300, mientras la inflación acumulada de enero a agosto fue de 3,01% y la de doce meses de 5,02%. Por tanto, el incremento para 2027 no debe superar la inflación oficial verificada, y en ningún caso responder a cifras que no guardan relación con la realidad económica.
Un incremento por decreto alcanza únicamente a las empresas formales, que constituyen la minoría de la economía boliviana. En un contexto de contracción y altos costos de producción, una cifra desproporcionada empujaría a más bolivianos a la informalidad y castigaría precisamente a quienes están registrados y cumplen la ley. Por esta razón, cualquier ajuste debería contemplar gradualidad y un tratamiento diferenciado para las micro y pequeñas empresas.
El poder adquisitivo tampoco se protege solo con el salario. La CNC propone que la mesa tripartita aborde también medidas que reduzcan el costo de vida y de producir; entre ellas, la eliminación del Impuesto a las Transacciones con garantía de coparticipación a municipios y universidades; la estabilidad y el abastecimiento regular del diésel, y la simplificación de trámites que encarecen la formalidad.
La Cámara Nacional de Comercio pone a disposición del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social su información técnica sobre la situación del comercio y los servicios, y reitera su disposición a trabajar junto a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Central Obrera Boliviana y el Gobierno en una solución responsable, que cuide el bolsillo del trabajador y preserve las fuentes de empleo.
Lic. Eduardo Olivo
Presidente
Cámara Nacional de Comercio de Bolivia
