(*) Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional
A pocas semanas de que el Presidente de Chile, José Antonio Kast, visite a Bolivia, se da un hecho que puede tensionar la relación bilateral. No tiene que ver con nuestro frustrado retorno al mar; tampoco, con el aprovechamiento de las aguas del Silala, que nos ganó Chile; ni, con militares bolivianos detenidos en territorio chileno, como ocurrió varias veces; se trata de una injusticia que afecta a la imagen del país y a la reputación de nuestros exportadores.
Todo inició casi un año atrás, cuando Chile empezó a detener decenas de contenedores con maderas bolivianas exportadas por el Puerto de Arica: pasó un mes, otro mes y varios meses más, sin que la Fiscalía de Arica permitiera que los exportadores afectados se defiendan en un proceso sospechosamente hermético.
El desastre se desató cuando en una conferencia de prensa, el 8 de junio de 2026, la Armada de Chile, la Aduana y el Fiscal Regional de Arica, Mario Carrera Guerrero, como principal protagonista, se hizo el anuncio de “un golpe histórico, la mayor incautación de droga en la historia de Chile”, al retener más de 1.000 toneladas de maderas bolivianas impregnadas con sustancias controladas, indicando que se había incautado 108 toneladas de droga por un valor de 8.000 millones de dólares, si tan solo el 10% del volumen de la carga tuviera aquello, cifra que podía subir si se consideraba los puertos de San Antonio y Valparaíso, y no solo Arica. Es importante señalar la ausencia de la Policía chilena en dicho acto por tener dudas sobre lo que se estaba denunciando.
La noticia corrió como un reguero de pólvora y el calvario para nuestros exportadores se agudizó por la reacción de sus clientes en el extranjero; el distanciamiento de los Bancos con los exportadores por su política de due diligence; la paralización de nuevas exportaciones; los desfases financieros y despidos de personal; el deterioro de la imagen-país y de la reputación de las empresas imputadas, afectando a una cadena productiva de 200.000 empleos.
Pero, la situación empeoró, por un efecto contagio en Bolivia y en Brasil, al detenerse camiones y cargas de maderas de exportación, bajo la misma presunción y los test rápidos que, luego de realizadas pruebas con el apoyo de organismos de inteligencia internacionales, dieron cuenta que se trataba de “falsos positivos”. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en Bolivia y la Policía Federal del Brasil tuvieron la decencia de reconocer su error, un mes después, echando por tierra el anuncio que -como un calco del error chileno- el Servicio Federal de Impuestos y la Receita Federal del Brasil habían realizado: una operación sin precedentes a partir de test rápidos antinarcóticos con “la mayor incautación de droga de su historia, por 50 toneladas ocultas en 260 toneladas de maderas bolivianas impregnadas con droga”, en Corumbá, Mato Grosso do Sul y Cáceres, en Mato Grosso.
Volviendo al caso chileno, de nada valieron los esfuerzos de la Cancillería boliviana y del Ministerio de Gobierno de pedir a Chile un peritaje internacional imparcial, sabiendo que las maderas tropicales bolivianas son tan duras que es imposible impregnarlas con líquidos, de lo cual dio fe por escrito el Dr. Jean Gerard, Investigador del Equipo de Maderas Tropicales de la Unidad de Investigación del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), de Francia, sobre los tres tipos de maderas duras tropicales exportadas por Bolivia y retenidas en Chile, habiendo sentenciado lo siguiente: “De conformidad con la Norma Europea EN 350, ninguna sustancia, ya sea sólida o líquida, puede penetrar en la madera, incluso mediante impregnación al vacío. Esta característica se debe a la estructura anatómica de estos tres tipos de madera y a su muy alta densidad”. A ello, se sumaron otros expertos, incluso un ex Agente de la DEA, coincidiendo que era imposible que las maderas bolivianas hubieran sido impregnadas con droga.
Pero, nada de eso valió: una Comisión del Senado de Bolivia constató in situ, que, de forma indebida, ilegal y abusiva, los Carabineros de Chile estaban quemando las maderas bolivianas pese a que la Fiscalía Regional de Arica había ordenado al Ministerio de Salud Pública suspender la incineración de las cargas, mientras la investigación esté en curso.
Entonces surgen las dudas: ¿Quieren destruir la evidencia de que las maderas no estaban impregnadas con droga? ¿Encubrir la mayor metida de pata de la historia chilena, al haberse señalado, acusado, juzgado y condenado a los exportadores bolivianos, sin sustentar su posición? ¿Evitar un peritaje imparcial que lleve a la verdad de los hechos? Porque, a la luz de lo que se sabe, el Instituto de Salud Pública de Chile jamás habló de “maderas impregnadas”, sino que advirtió de “trazas” del 5%, que al ser pequeñas podrían resultar de una contaminación cruzada y dar un falso positivo.
El triple daño está hecho: daño económico por 15 millones de dólares a los exportadores; daño a la imagen de Bolivia, del sector forestal y la reputación de los madereros, y un doloroso daño a miles de jefes de hogar, hoy sin empleo.
En lo personal, me frustra que Chile, país al que siempre puse -desde mi posición institucional, siendo docente universitario y estudioso del comercio internacional- como ejemplo a seguir, al haber llegado a ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; por su solidez institucional; sus Políticas de Estado y la credibilidad de su Justicia: ¿Qué puedo decir ahora, cuando desconoce el Tratado de Paz y Amistad de 1904, al detener cargas en tránsito; el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, por su falta de transparencia; y, lo peor, la posibilidad de entorpecer una relación diplomática normal, para construir una mejor relación bilateral?
Esto no es un problema del Puerto de Arica, pero afecta a su credibilidad, porque lo que están haciendo en Chile con las maderas bolivianas ¡es una iniquidad!
