Hernán Terrazas, es periodista
Cuando parecía que la nave del gobierno de Rodrigo Paz estaba a punto de zozobrar, golpeada por los problemas de la economía, los combustibles y, sobre todo, por las denuncias de corrupción que alcanzaron a círculos cercanos al poder, apareció un inesperado “bote salvavidas”.
La detención del ex fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y las acciones contra una presunta estructura judicial y policial de protección al crimen organizado le han permitido al gobierno recuperar iniciativa, salir momentáneamente de la defensiva y hasta cosechar algunos aplausos en un escenario marcado por un amplio rechazo a su gestión.
En los rostros de algunos funcionarios seguramente reaparecieron las sonrisas después de varias semanas en las que tuvieron que permanecer con los dientes apretados.
Pero el alivio puede ser apenas transitorio.
Las acciones contra el clan Mariaca pueden insuflar oxígeno a un gobierno debilitado, permitirle endurecer el discurso —“o están con la ley o con el delito”, advirtió el ministro de Gobierno— y mostrar capacidad de reacción frente al crimen organizado. Otra cosa es que alcancen para revertir el deterioro político acumulado o para recuperar el control de una gestión que parece haber perdido buena parte del manejo del timón.
La historia, además, no comenzó con la detención de Mariaca.
El viaje del presidente a Nueva York, con todo y la polémica escala de regreso en Boca Ratón, no habría servido únicamente para conseguir “platita”, como le gusta decir a Paz. Todo indica que también tuvo una dimensión política mucho más importante: conocer de primera mano los pasos que Estados Unidos preparaba respecto de autoridades bolivianas presuntamente vinculadas con hechos de corrupción, narcotráfico y encubrimiento.
La secuencia posterior alimenta esa lectura: primero, la nueva descertificación de Bolivia; luego, la información sobre autoridades y funcionarios que perdieron sus visas de ingreso a Estados Unidos y, finalmente, las operaciones policiales que derivaron en la detención de varios de los principales sospechosos, entre ellos nada menos que quien había ocupado la máxima responsabilidad de persecución penal en el país.
Se ha comenzado, efectivamente, a desmontar una presunta red judicial y policial de protección al crimen organizado en algunas de sus distintas manifestaciones: narcotráfico, corrupción, lavado de dinero y, posiblemente, actividades vinculadas con el contrabando de oro y la minería ilegal.
Tampoco se trata de denuncias completamente nuevas. Desde antes habían circulado versiones sobre una supuesta relación entre Roger Mariaca y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido en Estados Unidos y que podría haber proporcionado información relevante para las investigaciones posteriores.
La filtración de un video que registra parte de una conversación de Marset con un efectivo policial poco después de su detención agregó un elemento particularmente sensible. En esas imágenes, Marset señala directamente a Mariaca como una de las autoridades que supuestamente le brindaba protección y le advertía sobre operativos en su contra.
El video no solamente reforzó públicamente las sospechas que ya existían. Su difusión, justamente en este momento, difícilmente puede separarse del contexto político y judicial en el que se produjeron las detenciones.
En ese escenario adquiere mayor importancia la reunión que Rodrigo Paz sostuvo en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio.
Al margen de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas y de algunas reuniones con mandatarios y representantes de organismos financieros internacionales, esa cita pudo haber sido uno de los encuentros políticamente más relevantes de su viaje a Estados Unidos. Paz participó sin sus ministros, acompañado del lado estadounidense por varios funcionarios del Departamento de Estado.
En su momento se conoció muy poco sobre el contenido concreto de la conversación. Por eso sería excesivo afirmar qué se acordó allí. Pero los acontecimientos posteriores permiten suponer que el presidente recibió información sobre las preocupaciones de Washington respecto del narcotráfico y la corrupción en Bolivia y sobre las acciones que Estados Unidos estaba dispuesto a impulsar.
También es posible que Washington haya transmitido su expectativa de que el gobierno boliviano actuara frente a esas denuncias.
El respaldo público llegó después.
Marco Rubio escribió en su cuenta de X que la administración Trump se mantiene junto al presidente Rodrigo Paz y al gobierno boliviano mientras adopta acciones para combatir “el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional”.
El mensaje no fue menor, especialmente porque semanas antes Rubio había realizado una gira por varios países de América Latina mientras Bolivia quedaba fuera de ese recorrido. En ese momento, la exclusión podía alimentar interrogantes sobre el estado de la relación con Washington, particularmente después del escándalo Cerimedo/Beller y de las denuncias que afectaron al entorno gubernamental.
Las acciones recientes parecen haber modificado, al menos momentáneamente, ese escenario.
Queda, sin embargo, una pregunta incómoda: hasta dónde llegará la ofensiva y si entre las autoridades investigadas, sancionadas o privadas de visa aparecerán también personas vinculadas con el actual gobierno.
Ahí está precisamente el límite del “bote salvavidas”.
La lucha contra redes de corrupción y narcotráfico puede darle a Rodrigo Paz una oportunidad política que hace pocas semanas parecía improbable. Puede permitirle recuperar iniciativa y desplazar momentáneamente de la agenda algunos de los escándalos que han debilitado a su administración.
Pero un salvavidas no reflota una nave.
Los problemas económicos siguen ahí, las dificultades con los combustibles siguen ahí y las denuncias de corrupción que alcanzaron al entorno del poder tampoco desaparecieron.
Por eso, más que una recuperación, lo ocurrido hasta ahora parece un respiro. Uno importante, sin duda, pero insuficiente para un gobierno que continúa navegando con serios problemas y que tendrá que demostrar que la ofensiva contra el crimen organizado y la corrupción no termina justamente donde comienzan sus propias cercanías.
* La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición de Noticias a Sol y Sombra.
