Hernán Terrazas es periodista
La fotografía que difunde en su primera página uno de los diarios paceños resume muy bien lo ocurrido. En ella aparecen varios empresarios paceños sonrientes rodeando al presidente Luis Arce. El diálogo había concluido en su segunda jornada y al parecer todos compartían la satisfacción de al menos haber llegado a la redacción de un documento que establecía 17 puntos de acuerdo. Nada nuevo, por cierto, pero había que mostrar que ocho horas de encuentro tenían algún tipo de resultado.
En las 24 horas previas la discusión se había centrado en torno a la posibilidad de que se aprobara un mecanismo de control de divisas, iniciativa que el Gobierno había compartido con los empresarios en el primer día de acercamiento. Obviamente hubo críticas y una declaratoria de emergencia en prácticamente todos los sectores ante lo que suponían el intento de convertir la crisis económica en una catástrofe.
Cuando el diálogo parecía condenado a un nuevo fracaso, el ministro de Economía salió a decir que todo se había tergiversado y que el tema divisas no figuraba en los planes del Gobierno. Es más, un conocido activista del MAS, que pasó del evismo al arcismo sin ningún tipo de remordimiento, dijo que el “control de las divisas era un suicidio colectivo”.
Los empresarios que participaron de la primera jornada ratificaron en las conversaciones privadas, que efectivamente lo del “suicidio” era una propuesta oficial y que el tono empleado por el presidente al dirigirse a sus invitados fue más bien amenazante y hasta extorsivo.
Pero, bueno, el globo de ensayo se desinfló y Arce logró que al menos los empresarios de occidente acudieran a su convocatoria. En una mesa con menos participantes, las discusiones se prolongaron por más tiempo y el acuerdo se plasmó en un documento que debió haber demandado mucha paciencia de los circunstanciales redactores.
Como es habitual en estos casos, cada uno de los 17 puntos fue sometido seguramente a revisión hasta lograr que pasara la fatigosa aduana de las observaciones.
El resumen, luego de una lectura minuciosa y sensata del documento, no deja lugar a dudas. La idea era que todos salieran con una especie de victoria. O, por lo menos, que unos crean que habían ganado, aunque en realidad en la pelea punto a punto, el gobierno fuera el beneficiario mayor.
Los empresarios asistentes celebraron que ya no habría control de divisas, una concesión aparente para una idea que el Gobierno propuso únicamente con la finalidad de retroceder luego y crear la sensación de que la contraparte había conseguido ganar algo.
Para el Gobierno, todo era ganancia: la foto del primer día, la del segundo y la suscripción de un acuerdo, pero especialmente haber convertido al sector privado en portavoz aparentemente neutral para exigir a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de los créditos bloqueados por el MAS de Evo Morales. Es decir que, para un problema básicamente político, como la división interna del oficialismo, se había conseguido, supuestamente, el auxilio de un tercero completamente ajeno al asunto.
Para ser claros, la posibilidad de que un grupo de empresarios se reúna con los asambleístas evistas y los convenza de levantar los bloqueos por la salvación de la patria, es tan remota como pensar que Luis Arce y Evo Morales decidan resignar su candidatura –el verdadero problema es ese– y se dediquen más bien a gestar una solución de Gobierno, que es lo que corresponde a la difícil situación por la que atraviesa el país.
Los empresarios no tienen nada qué hacer en un asunto que involucra las ambiciones personales de dos líderes del mismo partido, el MAS, que se creen con más o menos derecho a ser candidatos en las elecciones de 2025. La gestión que presuntamente habrían aceptado realizar en la Asamblea es, en ese sentido, un completo despropósito porque implica, ni más ni menos, que inclinarse por uno de los contendores bajo el pretexto de que se lo hace por el país.
En otro de los puntos, sucede algo similar. El sector privado ni siquiera puede ayudar en la gestión de créditos u otro tipo de apoyo con los organismos internacionales. Esa es estrictamente una responsabilidad del Gobierno que, obviamente, no la puede realizar porque hace tiempo y por razones ideológicas rompió relaciones con las “agencias o embajadas financieras del imperio”.
Del resto de los puntos del acuerdo muy poco se puede comentar, salvo que la libre importación de combustibles pasa por un laberinto de trámites y requisitos y que, en última instancia, por muy libre que sea, sin dólares de todas maneras no sirve. Ni qué decir de los compromisos y buenas intenciones para luchar contra el contrabando. Como se decían las abuelas, “eso y la cara de Dios hijito, no lo vamos a ver”.
El Gobierno intentó que otros se hagan cargo de sus problemas. Unos se dieron cuenta a tiempo y abandonaron las discusiones. Otros quedaron atrapados por la ritualidad del poder. Hubo acuerdos, pero las soluciones siguen en suspenso.
