El incremento del presupuesto destinado al Órgano Judicial y la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones son dos de los principales ejes del proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) en materia de justicia, explicó este lunes el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Juan Del Granado, durante un taller de socialización de la propuesta con organizaciones sociales y juntas vecinales.
“La reforma constitucional en materia de justicia abarca dos grandes áreas: incrementar el presupuesto judicial y crear una Comisión Nacional de Postulaciones para darle una mayor y mejor participación de la sociedad. Estos dos elementos son los que estamos llevando adelante en este primer gran momento de trabajo legislativo”, explicó el diputado proponente.
En la jornada de socialización participaron representantes de la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarias de Bolivia (CONNIOB), el Instituto de Lengua y Cultura Afroboliviana (ILCAFRO), la Asociación de Tarjeteros y el Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario (CADIC).
También estuvieron presentes representantes del Colectivo Suma Bolivia, la Fundación Jawasi, el Centro Gregoria Apaza, el Consejo de Voluntariado, la Confederación de Taxis y Radiotaxis, además de diferentes juntas vecinales de las zonas de San Antonio, Manzaneda Agua de la Vida y Alto Santiago de Lacaya, entre otras organizaciones.
Durante su exposición, Del Granado explicó que uno de los ejes centrales de la propuesta está relacionado con el presupuesto asignado a la administración de justicia. Señaló que los recursos destinados actualmente al Órgano Judicial representan apenas entre el 0,4% y 0,5% del Presupuesto General de la Nación, porcentaje que, según sostuvo, resulta insuficiente para atender las necesidades del sistema judicial.
A criterio del legislador, esta limitación presupuestaria repercute en la capacidad del sistema de justicia para brindar una atención adecuada a la población. “Con un presupuesto miserable, nuestra justicia tiene una característica similar: tenemos apenas 1.000 jueces, 500 fiscales para 11 millones de habitantes y, en general, son jueces y fiscales no adecuadamente remunerados y que trabajan en condiciones precarias. Por tanto, el servicio judicial es un servicio mediocre y que no llega a la gran mayoría de la población y no resuelve efectivamente los problemas”, afirmó.
Frente a esta situación, el proyecto de reforma plantea elevar progresivamente el presupuesto destinado al Órgano Judicial hasta alcanzar el 3% del Presupuesto General del Estado, con el propósito de fortalecer sus capacidades institucionales, mejorar las condiciones de trabajo y ampliar la cobertura y calidad del servicio de justicia.
El segundo eje de la propuesta está referido a la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones, encargada de la preselección de postulantes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, además de los procesos de postulación para el Defensor del Pueblo y el Fiscal General del Estado.
De acuerdo con la propuesta, este mecanismo busca ampliar la participación de la sociedad en los procesos de preselección y postulación de autoridades, como parte de una reforma orientada a fortalecer la institucionalidad y el funcionamiento del sistema de justicia.
La propuesta continuará siendo socializada con diferentes sectores de la sociedad civil, en el marco de un proceso de análisis y debate legislativo que busca recoger criterios, observaciones y propuestas antes de avanzar en el tratamiento de la reforma parcial de la Constitución Política del Estado en materia de justicia.
Del Granado destacó que estos espacios de diálogo son fundamentales para incorporar las voces de distintos sectores de la sociedad en la construcción de la propuesta y avanzar hacia una reforma que permita fortalecer el sistema de justicia en el país.
