El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, y su gabinete de ministros, aprobaron el Decreto Supremo 5749 que establece la reserva de identidad para los ciudadanos que denuncien la comisión de corrupción en el Ministerio Público, Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional y la Policía Boliviana, informó este miércoles el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
“Es la protección para quienes denuncien corrupción en la justicia y la Policía. La política de transparencia y lucha contra la corrupción abarca la totalidad del Estado, no hay, no debe existir ninguna tolerancia para ningún área”, aseveró el vocero.
Y es que la “reserva de identidad” busca proteger a los denunciantes de represalias o algún tipo de presión o reacción de los denunciados.
El DS 5749 establece que los ciudadanos que conozcan de actos de corrupción pueden presentar su denuncia al Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, actualmente dirigido por el viceministro Yamil García, quien también por Decreto Supremo 5706, fue designado Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia.
El objetivo del decreto es “regular la recepción, atención y canalización de denuncias administrativas relacionadas con hechos o acciones de extorsión, concusión, exacciones, cobros ilegales de dinero o dádivas patrimoniales, presuntamente cometidos por servidoras y servidores públicos o ex servidoras y ex servidores del Ministerio Público, Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional y la Policía Boliviana, en actuaciones judiciales o administrativas”.
El vocero presidencial explicó que la norma crea un mecanismo para que cualquier ciudadano denuncie cobros ilegales, extorsiones, sobornos o cualquier otra exigencia indebida en actuaciones judiciales o administrativas.
Sobre la reserva en la identidad, esta confidencialidad busca proteger al denunciante, incluso Gálvez contó en la conferencia de prensa realizada este mediodía que el viceministro García le informó que su despacho ya recibió algunas denuncias.
Al respecto, el nuevo decreto señala sobre el rol del viceministerio, que “es la instancia facultada para recibir, registrar, procesar y canalizar las denuncias administrativas formuladas en el marco del presente Decreto Supremo, a través de su oficina central o enlaces departamentales en todo el Estado Plurinacional de Bolivia”.
De esa forma, una vez se conozca las denuncias, las autoridades tomarán acción y harán el respectivo seguimiento y brindarán un canal institucional para denunciar abusos en la justicia, fiscalía, derechos reales o la Policía Boliviana.
“En concreto, ningún ciudadano debe pagar una coima para obtener justicia”, enfatizó Gálvez, al referir que se trata de un proceso de saneamiento del Estado y del ejercicio de la función pública.
