El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García Delfín, informó que en los últimos 20 días se recibieron alrededor de 60 denuncias relacionadas con YPFB, lo que representa aproximadamente una denuncia cada ocho horas.
En este contexto, el Viceministerio decidió investigar el caso de YPFB Refinación, debido a que la documentación analizada establece un presunto daño económico de más de Bs 870 millones al Estado, relacionado con la suscripción y ejecución de contratos para la provisión de materia prima destinada a la producción de biodiésel.
De acuerdo con la documentación analizada, el monto del daño económico consolidado asciende a Bs 871.573.979,35. La investigación establece presuntas irregularidades en decisiones administrativas y contractuales que derivaron en el desembolso de millonarios anticipos y, posteriormente, en la falta de recuperación de esos recursos.
“Estamos recibiendo aproximadamente una denuncia cada ocho horas relacionada con YPFB. Hemos decidido investigar este caso porque estamos hablando de un presunto daño económico que supera los Bs 870 millones. Nuestra responsabilidad es investigar estos hechos, establecer qué ocurrió y coadyuvar para que los recursos del Estado puedan ser recuperados”, afirmó García.
El caso se origina en dos contratos suscritos entre YPFB Refinación S.A. y la empresa Agroindustrial del Este – Indueste S.R.L., destinados a la provisión de materia prima para la Planta de Biodiésel, por un monto de Bs 1.058,4 millones para ambos contratos.
De este total, se desembolsaron Bs 788,6 millones en anticipos, equivalentes aproximadamente al 75% del valor total.
¿Cómo se produjo el presunto daño?
La investigación identifica una serie de decisiones intencionales, que de manera sucesiva, habrían generado las condiciones para la afectación al patrimonio público.
Entre ellas se encuentra la modificación del Reglamento de Garantías de YPFB Refinación, que flexibilizó las condiciones exigidas para respaldar determinadas operaciones contractuales, incluyendo aquellas relacionadas con la provisión de materia prima para biocombustibles.
Posteriormente, se suscribieron los contratos y se efectuaron los desembolsos millonarios. Sin embargo, la empresa contratista incumplió las obligaciones asumidas y posteriormente solicitó modificaciones de las condiciones contractuales.
El 1 de abril de 2025 se suscribió la terminación por mutuo acuerdo de uno de los contratos, estableciéndose la obligación de devolver Bs 336.478.577,87 Uno de los aspectos observados por la investigación está relacionado con las garantías presentadas para respaldar la devolución de los recursos. La empresa ofreció como respaldo predios agrícolas que, presentarían restricciones legales para su embargo y ejecución.
En consecuencia, el caso evidencia una cadena de decisiones que comprende la modificación de las condiciones de garantía, la suscripción de contratos millonarios, el desembolso de anticipos, el incumplimiento contractual y dificultades para recuperar los recursos públicos.
Investigación penal
Ante estos hechos, se presentó una denuncia penal el 20 de marzo de 2026 y la investigación fue iniciada el 21 de marzo ante el Juzgado 5.º de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz.
Los delitos denunciados son Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Contratos y Conducta Antieconómica. La denuncia comprende a particulares vinculados a la empresa contratista y a miembros del Directorio, ejecutivos y personal técnico de YPFB Refinación, de los cuales dos están con detención preventiva.
El Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública continuará coadyuvando en las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, la determinación de las responsabilidades que correspondan y la recuperación de los recursos públicos afectados.
“La protección del patrimonio del Estado exige investigar cada decisión que pueda haber generado un perjuicio económico. Desde el Viceministerio vamos a continuar trabajando para esclarecer los hechos, establecer las responsabilidades que correspondan y, fundamentalmente, contribuir a la recuperación de los recursos públicos”, señaló García.
La protección de los recursos públicos exige transparencia, investigación y responsabilidad. El Viceministerio continuará trabajando para que los hechos sean esclarecidos y, de corresponder, quienes resulten responsables respondan ante la justicia.
