Durante octubre se prevé la presentación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la presentación del proyecto de ley modelo contra el ecocidio, que fue elaborado por especialistas en derecho ambiental y penal de diferentes países de Latinoamérica cuyo objetivo es prever y sancionar los daños contra la naturaleza, los ecosistemas y la biodiversidad.
El ecocidio es tipificado como el daño grave, masivo, extenso o duradero a los ecosistemas y al medio ambiente provocado por la actividad humana, considerado por expertos internacionales como «cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes posibilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente».
Organizaciones como Stop Ecocidio Internacional y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentaron en México una propuesta de Ley Modelo de Ecocidio para América Latina para impulsar que los países de la región tipifiquen este delito de forma unificada.
“Destruir la naturaleza no puede seguir siendo un costo de hacer negocios”
Muchos modelos de negocio prosperan gracias a marcos regulatorios laxos, fiscalizaciones débiles o leyes que priorizan el «desarrollo y la producción» rápida por encima de la integridad de los ecosistemas. Al respecto, la abogada ambientalista Paola Cortés consideró como muy importante el haber trabajado en esa ley modelo de ecocidio para América Latina en cuanto a la construcción de una justicia ambiental más efectiva.
“Esto obedece, en realidad, a que mucho tiempo hemos visto la destrucción de los ecosistemas, la contaminación, los daños ambientales de enorme magnitud y no hay una respuesta proporcional a partir del Derecho, a partir de la Justicia, que sea proporcional a la gravedad de estos hechos que pueden ser catalogados de ecocidio”, estimó inicialmente la jurisconsulta.
Cortez resumió lo manifestado con loa siguiente frase: “esto se podría resumir diciendo que destruir gravemente la naturaleza no puede seguir siendo un costo más de hacer negocios, por eso es la necesidad de tener una ley modelo”, y es que, varias versiones coinciden en señalar que la destrucción de la naturaleza funciona en gran medida como un modelo de negocio rentable a corto plazo, donde los costos del daño ambiental se externalizan a la sociedad y al planeta, mientras que los beneficios económicos se privatizan.
Especialistas en derecho ambiental de diferentes países de Latinoamérica se reunieron para trabajar el proyecto, muchos de ellos virtualmente, aunque varios acudieron a un congreso presencial por la ley modelo de ecocidio realizado en México, “nos hemos tenido que poner de acuerdo varios juristas de Latinoamérica, de varios países de Latinoamérica y de El Caribe, para poder construir una ley modelo, respetando también cada una de las características de nuestros países, y es nomás complejo el proceso porque nos hemos sentado no solamente abogados especialistas en derecho ambiental, sino también abogados que tenemos conocimiento en temas penales y también expertos en derecho penal”, sentenció Cortés quien facilitó un listado de los profesionales participantes.
El panel de juristas para la redacción de la Ley Modelo para América Latina contó con más de treinta profesionales, entre ellos Rodrigo Lledo y Víctor Rujano de Stop Ecocidio Internacional (Chile y Venezuela, respectivamente), Gustavo Alanis y Juan Carlos Carrillo de Cemda (México), Paola Cortés del Centro Boliviano de Derecho Ambiental y Cambio Climático (Bolivia), Fidel Jaramillo de la Universidad Autónoma de Madrid (Ecuador), Lina Muñoz de la Universidad del Rosario (Colombia), entre otros profesionales de universidades e instituciones.
Estiman su presentación ante la ALP para esta semana
Bajo esas premisas, en Bolivia se prevé presentar el proyecto de Ley Modelo ante la Asamblea Legislativa Plurinacional este mes de octubre, inclusive se espera que dicha presentación se efectúe en la presente semana para su respectivo tratamiento y consideración.
“Esto vamos a ver que sea este mes, vamos a tratar de presentarla seguramente oficialmente en la próxima semana si todo va muy bien para que se pueda gestionar de acuerdo al procedimiento legislativo acorde a nuestra normativa boliviana, nacional, eso es lo óptimo, que sea la siguiente semana ya directamente”, puntualizó la jurista consultada.
Por: ANA
