Patricia Flores Palacios es comunicadora, mágister en ciencias sociales y feminista queer.
Bolivia transita por una maldición que se repite con distintos nombres, rostros y expedientes: la impunidad y la tragedia judicial. No se trata de hechos aislados ni simples escándalos administrativos. Lo que emerge es gravísimo: la posible penetración del crimen organizado en instituciones encargadas de perseguirlo, juzgarlo y sancionarlo.
Cuando quienes deben garantizar la legalidad aparecen vinculados, real o presuntamente, con redes de corrupción, narcotráfico o extorsión, la justicia deja de ser principio y se pone en venta y se negocia. Desaparecen el Estado de derecho, los derechos humanos y la dignidad del país.
El caso del exfiscal general Roger Mariaca volvió a sacudir al país. Durante los operativos se hallaron Bs 3.532.100 y $us 10.000 ocultos en una ambulancia, una imagen obscena: fajos de billetes escondidos en un vehículo destinado a salvar vidas, mientras hospitales y centros de salud trabajan sin medicamentos, personal suficiente ni recursos para atender oportunamente incluso un parto. La ambulancia, símbolo de auxilio y esperanza, aparece convertida en vehículo del saqueo.
El escándalo no puede comprenderse sin observar sus conexiones: Sebastián Marset y la protección institucional al narcotráfico, con las estructuras que permitieron que el poder público se transformara en refugio de intereses criminales.
A esta crisis se suma el caso de Fernando Cerimedo, consultor político argentino, en cuyo equipo comunicacional estuvieron asesores del anterior gobierno. Acusado del atentado a Nadia Beller, fue enviado a prisión preventiva, mientras el proceso derivó también en pesquisas por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y encubrimiento del entorno presidencial, la «primera dama»2 y los imbricados negociados con tráfico de hidrocarburos.
Las llamadas “narcomaletas” de Viru Viru y la detención del juez Hebert Zeballos expusieron otra dimensión del problema: el ingreso irregular de equipaje, la circulación de dinero de origen presuntamente ilícito y la intervención de operadores judiciales para favorecer a los implicados o el tráfico de oro que quiere quedar en opacidad.
Cuando una resolución puede redactarse en tiempo récord para liberar a sospechosos arrogantes, la ley deja de ser un límite y se convierte en instrumento de quien paga.
Pero la degradación judicial no comenzó ayer. En la historia reciente, en 2022, el caso de Richard Choque reveló las consecuencias más brutales de un sistema que comercia con la libertad. Un feminicida condenado a 30 años fue liberado mediante certificados médicos falsificados y una decisión judicial irregular; violó a decenas de mujeres y asesinó al menos a dos adolescentes. La investigación develó un presunto consorcio integrado por jueces, fiscales, médicos y abogados que cobraban miles de dólares por liberar a violadores y feminicidas.
¿Qué autoridad moral puede invocar una justicia que permite que un asesino salga de prisión mientras las víctimas quedan condenadas al miedo, al silencio y al abandono?
¿Cómo hablar de Estado de derecho cuando los despachos judiciales se convierten en oficinas de tarifas y favores?
El caso Gravetal, investigado desde 2019 por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, terminó atrapado en la dilación, las chicanas y el archivo. Las acusaciones que involucraban a “exrevolucionarios de izquierda”, hoy empresarios pero con capitales políticos y funcionarios, fueron perdiendo fuerza hasta quedar sepultadas bajo el peso de expedientes congelados. En Bolivia, la impunidad no necesita absolución: le basta con que el proceso se prolongue hasta que la memoria pública se canse.
Algo semejante ocurrió con el juez Abraham Aguirre, acusado de operar una red extorsiva desde la administración de justicia. Se cobraba a los reclusos para modificar medidas cautelares y se amenazaba con prolongar la detención preventiva de quienes no podían pagar. La prisión terminó convertida en mecanismo de presión y chantaje.
El caso del bebé Alexander mostró el rostro trágico del error judicial. El médico Jhiery Fernández fue condenado injustamente a 20 años de prisión y estuvo cuatro años encarcelado antes de ser absuelto. Perdió años de vida, libertad y dignidad. Su familia padeció un daño irreparable. El Estado no reparó adecuadamente ese sufrimiento ni sancionó a todos los responsables.
El desfalco del Fondo Indígena confirmó que la corrupción también puede vestirse de discurso social. La escuálida Contraloría identificó un daño económico que superó los Bs 102 millones mediante proyectos inexistentes o inconclusos y transferencias hacia cuentas particulares.
Marco Antonio Aramayo, exdirector de la institución y principal denunciante, enfrentó más de 250 procesos judiciales y murió en prisión en 2022, después de sufrir un prolongado maltrato institucional.
¿Por qué el sistema fue tan diligente para perseguir al denunciante y tan indulgente con quienes debían responder por el saqueo?
También permanece en la memoria el caso de las hermanas Terán, detenidas en 2008 con 35 kilos de cocaína y dinero en efectivo. Pese a la contundencia de la evidencia, obtuvieron libertad provisional y el proceso terminó congelado. El expediente quedó como muestra de cómo los vínculos políticos pueden operar como salvoconducto frente a la justicia.
La corrupción no es una hiedra que crece únicamente en los juzgados. Se extiende por fiscalías, ministerios, municipios, sindicatos, agroindustria, empresariado y círculos de poder. Se alimenta de alianzas público-privadas opacas, favores políticos, funcionarios sin escrúpulos y ciudadanos obligados a pagar por aquello que la ley debería garantizarles.
El latrocinio no solo roba dinero. Saquea hospitales, escuelas, caminos, seguridad y futuro. Cercena la posibilidad de creer. Cada expediente archivado, cada víctima abandonada y cada funcionario protegido profundiza la herida de un país que trabaja, resiste y sigue intentando salir adelante.
Sin independencia judicial no existe democracia. Sin sanción efectiva no existe justicia. Sin reparación para las víctimas, el Estado solo administra impunidad.
Bolivia necesita más que operativos espectaculares. Necesita investigaciones y procesos transparentes, jueces probos, fiscales sin padrinos y mecanismos reales de protección para denunciantes y víctimas.
Bolivia necesita volver a creer en la justicia. ¿Por dónde comenzamos?
* La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición de Noticias a Sol y Sombra.
