El Gobierno nacional descartó este martes aplicar la pena de muerte a feminicidas y asesinos, y planteó trabajar en soluciones estructurales como sociedad.
“Desde el Gobierno no se acompaña un tema como la pena de muerte (…) Lo que sí necesitamos es establecer un amplio debate fuertemente participativo en el que los criterios más sensatos, más racionales, en esencia estructurales, tengan la posibilidad de generar una reforma de la justicia; pero, también, una reforma de diversas instituciones en el Estado, que nos garanticen protección, transparencia, certidumbre, seguridad a las bolivianas fundamentalmente”, dijo el vocero presidencial, Jorge Richter.
Richter hizo esta afirmación ante opiniones que sugieren modificar la Constitución Política del Estado para incorporar esa sanción contra feminicidas y asesinos.
Planteó soluciones estructurales y de fondo para que se puedan dar pasos cualitativos en lo que hace a la seguridad, a la confianza y a la protección que debe tener la sociedad.
Recordó que muchos países desecharon la pena de muerte de sus sistemas judiciales como parte de un castigo, debido a que atenta contra cualquier forma de humanidad, pero que optaron por incrementar la severidad de sus castigos.
