El Gobierno, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, presentó el reglamento de la Ley 1680 de Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos Contra la Vida. Con esta herramienta normativa se busca no dejar en indefensión a niñas, niños y adolescentes, cuyas madres fueron víctimas de violencia de género en su máxima expresión: la muerte.
“El Estado no los va a abandonar”, declaró la viceministra Jessica Echeverría, durante el acto realizado en Casa Grande del Pueblo este miércoles. La autoridad destacó que este reglamento propone procedimientos claros para la entrega de beneficios económicos que incluye la propuesta de un pago de 20% del Salario Mínimo Nacional a favor de las víctimas de feminicidios.
“No podíamos dejar a un lado a los niños que han perdido por culpa de quien debía proteger su derecho a crecer al lado de su madre. Es la forma más cruel y extrema de violencia”, indicó Echeverría.
En Bolivia, siete de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, y cerca de un centenar por año es asesinada por esposos, cónyuges o parejas sentimentales. Las investigaciones del Ministerio Público develan que estas muertes ocurren con mayor violencia y dejan a hijos sin sus progenitoras. En lo que va de este 2026, se registran 17 feminicidios.
En esa línea, el reglamento establece atenciones psicosociales, acompañamiento sostenido y reparación integral con dignidad como bandera prioritaria. Su redacción es resultado del trabajo con diferentes colectivos feministas y organizaciones de mujeres del país, quienes conocen de primera mano los procedimientos de atención a víctimas de violencia de género.
“La inacción del Estado se tradujo en una ley que refleja compromiso porque la reglamentación da tareas concretas a cada institución pública”, señaló por su parte, la representante de la alianza Voces Libres, Mercedes Cortés.
En el acto, participaron también organizaciones como la Defensoría del Pueblo, Aldeas Infantiles SOS, el Observatorio de Violencia y organizaciones de familiares.
A su vez, Mónica Bayá, de la Comunidad de Derechos Humanos, destacó el proceso participativo que involucró a instituciones públicas, asambleístas y sociedad civil para lograr esta reglamentación. “(El proyecto) es una herramienta esencial para que las medidas de la ley se concreten en el corto plazo y contribuyan a paliar el sufrimiento, garantizando bienestar, integridad y seguridad”, expresó.
La reglamentación, ahora, pasará al poder Ejecutivo para su aprobación y ejecución, lo que ordenará responsabilidades según cada instancia pública. Finalmente, la viceministra Echeverría recordó que el presidente Rodrigo Paz, puso como prioridad de su gestión la respuesta a este tipo de problemáticas estructurales en la convivencia social y que afecta particularmente a mujeres y niños.
Por: ABI
