En el marco del 17 de mayo, Día Nacional de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia, colectivos LGBTIQ+ y organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la violencia, la discriminación y la impunidad continúan afectando gravemente a esta población en Bolivia, y exigen acciones concretas e inmediatas por parte del Estado.
La fecha está marcada por el reciente asesinato de Miguel Ángel Coria Farfán, de 37 años, en Tarija, un hecho que organizaciones identifican como un crimen motivado por prejuicio hacia su orientación sexual. Colectivos nacionales denuncian intentos de flexibilización de medidas cautelares contra el principal imputado, y demandan que el caso sea investigado con enfoque de derechos humanos y como posible crimen de odio.
“No es un hecho aislado: este caso refleja una violencia sistemática que sigue afectando a las personas LGBTIQ+ en el país”, afirman representantes de organizaciones de la diversidad.
Según datos difundidos por los colectivos, más del 50% de las personas LGBTIQ+ en Bolivia ha sufrido discriminación en el último año, mientras que solo el 4% de los casos se denuncia, lo que evidencia profundas barreras en el acceso a la justicia y mecanismos de protección.
A este contexto se suma la reciente decisión del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, bajo la gestión del alcalde César Dockweiler, de eliminar la Unidad de Diversidades Sexuales, una instancia clave para la atención y promoción de derechos de la población LGBTIQ+.
Las organizaciones advierten que esta medida representa un retroceso en materia de derechos humanos y debilita los avances alcanzados en la lucha contra la discriminación y la violencia.
Las organizaciones remarcan que, pese a algunos avances normativos, la discriminación continúa impactando el acceso a servicios de salud, educación, empleo y justicia, especialmente en espacios públicos y ámbitos locales.
En este contexto, una articulación nacional de organizaciones y colectivos de las diversidades impulsa la Agenda LGBTIQ+ para la garantía de derechos en Bolivia, que propone medidas concretas para fortalecer políticas públicas, prevenir la violencia estructural y garantizar derechos de esta población en el país.
“El 17 de mayo no es solo una fecha simbólica. Es una oportunidad para exigir al Estado respuestas claras frente a la violencia y la exclusión”, resaltan.
Finalmente, las organizaciones exigen al Estado —en todos sus niveles— garantizar condiciones reales para que las personas LGBTIQ+ vivan sin violencia, discriminación ni miedo, y convocan a abrir un debate público sobre la responsabilidad institucional frente a esta problemática estructural.
