Las conquistas normativas y la mayor presencia de mujeres en espacios de decisión conviven en Bolivia con brechas en autonomía económica, protección frente a las violencias, derechos sexuales y derechos reproductivos, justicia ambiental y ejercicio del poder político. Así lo advierte la Coordinadora de la Mujer en su balance por el 11 de octubre, Día de la Mujer Boliviana, que examina qué ha cambiado en la vida de las mujeres en un contexto de crisis económica y nuevo ciclo político.
El boletín “¿Qué cambió en la vida de las mujeres? Bolivia 2026: avances, brechas y riesgos en un nuevo ciclo”, del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, reúne datos oficiales y evidencia institucional para evaluar tanto las conquistas como las condiciones para ejercer los derechos.
La autonomía económica continúa limitada por las desigualdades laborales y la sobrecarga de cuidados. Según resultados preliminares de la Encuesta Continua de Empleo del INE, en el segundo trimestre de 2026 la participación laboral urbana de la población de 14 años o más alcanzó el 69,3% entre las mujeres, frente al 79,1% entre los hombres. Además, el 84,4% de las mujeres ocupadas en el área urbana tiene empleo informal, caracterizado por la ausencia de una relación laboral formalmente reconocida y de acceso a la seguridad social de corto y largo plazo.
La crisis ambiental también alcanza la salud y los medios de vida. El boletín cita una investigación difundida por la UMSA en abril de 2026, centrada especialmente en mujeres en edad reproductiva de comunidades amazónicas, que reportó niveles promedio de hasta 5,5 partes por millón de mercurio en la población estudiada de la cuenca del río Beni. La universidad informó, además, sobre alteraciones en la sangre y daños hepáticos. El boletín vincula estas alertas con la protección del agua, la alimentación y los territorios.
La violencia sigue mostrando la distancia entre derechos reconocidos y protección efectiva. En lo que va del año, el Ministerio Público reportó 66 feminicidios y 32.444 denuncias en el marco de la Ley 348. Para la Coordinadora de la Mujer, la persistencia de estos crímenes pone en cuestión la capacidad del Estado para prevenir, proteger y responder a tiempo.
En derechos sexuales y derechos reproductivos, la reducción de los embarazos en adolescentes constituye un avance de largo plazo: los registros del Ministerio de Salud pasaron de 82.416 casos en 2015 a 28.115 en 2025, entre adolescentes de 10 a 19 años. El 8 de octubre, esta cartera informó 17.403 casos preliminares para 2026. Los embarazos en edades tempranas pueden comprometer la salud, la educación y los proyectos de vida de niñas y adolescentes.
La violencia sexual también tiene consecuencias reproductivas: entre 2021 y agosto de 2026, el Ministerio de Salud registró 2.691 interrupciones legales del embarazo por esa causa. El boletín analiza las barreras institucionales que pueden restringir este derecho y la obligación de garantizar información adecuada, atención oportuna y decisiones libres de presiones.
En participación política, la elección de dos gobernadoras marca un hito, pero solo 31 de los 335 municipios eligieron alcaldesas: el 9,3%. En las asambleas departamentales, las mujeres ocupan 103 de los 275 escaños, equivalentes al 37,5%, según el análisis del Observatorio. La desigualdad en el acceso y el ejercicio del poder convive con acoso y violencia política: un monitoreo de la Coordinadora de la Mujer durante la campaña subnacional identificó 9.221 comentarios hostiles o estereotipados, a través de plataformas digitales, contra 44 candidatas.
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral informó el 11 de octubre que entre mayo y la primera semana de septiembre de 2026 se registraron 39 renuncias de mujeres que ejercían funciones político-públicas y 12 denuncias por acoso y violencia política contra mujeres en el ámbito subnacional.
La Coordinadora de la Mujer plantea que la igualdad oriente las decisiones y el presupuesto del nuevo ciclo del país, con metas verificables para hacer efectivos los derechos de las mujeres. Esto implica garantizar su autonomía, proteger sus vidas y territorios, y asegurar la paridad sustantiva en el acceso y el ejercicio del poder. También exige espacios efectivos de diálogo e incidencia de las organizaciones de mujeres en las reformas institucionales.
“Los derechos no se regalan. Se organizan, se defienden, se exigen y se amplían”, afirma Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, organización que recientemente cumplió 40 años de trabajo por los derechos de las mujeres en Bolivia.
