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sábado, octubre 17, 2026
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AJAM Cochabamba denuncia minería ilegal en Aiquile y activa inspección fiscal

Más de 12 bocaminas de gran profundidad fueron identificadas durante una inspección técnica en el municipio de Aiquile, departamento de Cochabamba, en el marco de una investigación por presuntas actividades de minería ilegal. La intervención se realizó tras una denuncia presentada por la Dirección Departamental de Cochabamba de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en coordinación con el Ministerio Público.

La diligencia contó con la participación del director departamental de la AJAM Cochabamba, Daniel González Mendoza, y del fiscal de materia, Edson Orellana, en cumplimiento de un requerimiento fiscal. La inspección permitió observar características de las bocaminas y elementos vinculados con la actividad minera, cuyos antecedentes se encuentran en proceso de investigación.

Entre los hallazgos, se evidenció una bocamina que presenta una entrada de aproximadamente dos metros de altura y una profundidad estimada de 30 metros, que se encontraría en etapa de explotación. La presencia de múltiples accesos mineros y de mineral en el lugar constituye un elemento relevante para las actuaciones de las autoridades competentes.

“Hemos evidenciado una bocamina con una entrada de aproximadamente dos metros de alto y 30 metros de profundidad, en etapa de explotación, donde se estaría realizando actividad minera ilegal. Esta no es la única bocamina identificada; también hemos encontrado mineral, por lo que, como AJAM Cochabamba, vamos a tomar las medidas correspondientes. Por ello, estamos realizando esta inspección en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Boliviana”, informó el director departamental de la AJAM Cochabamba, Daniel González Mendoza.

La AJAM continuará impulsando acciones de control y fiscalización, así como la coordinación con el Ministerio Público y la Policía Boliviana, en el marco de sus atribuciones y de los procedimientos legales correspondientes, para contribuir a la investigación de posibles actividades mineras ilegales y proteger los recursos naturales y los intereses del Estado boliviano.