La Defensoría del Pueblo activó una Acción Popular contra seis instituciones del Estado ante la posible afectación de las fuentes de agua y contaminación con cianuro a causa de las actividades mineras en las comunidades de Seque Jahuira, Mamani y Contorno Bajo, del municipio de Viacha.
Ayer miércoles 8 de octubre, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), el Ministerio de Minería y Metalurgia, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, deberán comparecer en la audiencia prevista en la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental Justicia de La Paz, a horas 12:30 en la ciudad de El Alto.
«La medida busca garantizar la protección del derecho humano al agua, a la salud, a la vida y a un medio ambiente sano, ante las denuncias de contaminación de fuentes hídricas con cianuro registradas en la región. La acción tiene base en la débil acción institucional y falta de coordinación interinstitucional, que impidió una supervisión efectiva de las operaciones mineras, poniendo en riesgo la salud pública y la salubridad de la población», dijo el responsable de la Unidad de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos, Heriberto Pomier.
Explicó que la Acción Popular, prevista en la Constitución Política del Estado, permite a cualquier persona o institución defender derechos e intereses colectivos frente a actos u omisiones de autoridades o particulares.
Desde 2024, la Defensoría impulsó y articuló el Comité Interinstitucional para la Protección de los Recursos Hídricos de Viacha, promoviendo el trabajo conjunto entre instituciones competentes, el cual tuvo como resultado un Plan de Acción a corto, mediano y largo plazo socializado con las comunidades involucradas y acompañó a más de 10 inspecciones a empresas mineras donde exigió a las autoridades competentes asumir de manera inmediata y efectiva las acciones necesarias que garanticen a las comunidades de Viacha y sus alrededores el pleno goce de sus derechos fundamentales y la preservación de sus recursos naturales.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo instó a las instancias públicas competentes a dar cumplimiento a sus responsabilidades legales, garantizando una respuesta oportuna y eficaz a las denuncias presentadas.
